Dip. Fabiola Alanís Busca Reformar Cohabitación Forzada

La problemática de las uniones forzadas y el matrimonio infantil en Michoacán continúa siendo una realidad preocupante, a pesar de los avances logrados en la garantía de derechos humanos. En este contexto, la diputada Fabiola Alanís ha dado un paso significativo al presentar una iniciativa de reforma al delito de cohabitación forzada ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura. Su objetivo es cerrar brechas de impunidad y fortalecer la protección de niñas y adolescentes en el estado.

Alanís, durante su intervención, subrayó que en años recientes se han registrado avances importantes en la lucha por la igualdad y una vida libre de violencias para las mujeres y niñas. Sin embargo, la legisladora también destacó que persisten retos urgentes, especialmente en la erradicación de las uniones forzadas. Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019, muchas uniones continúan llevándose a cabo a través de procedimientos informales o basadas en usos y costumbres, lo que evidencia la necesidad de una legislación más efectiva.

En Michoacán, el fenómeno es alarmante. Según el Censo 2020, el estado registra la tercera mayor tasa de matrimonios y uniones infantiles en el país, solo detrás de Chiapas y Guerrero. Más de 13 mil niñas y adolescentes están casadas o en uniones libres, lo que representa 55 por cada mil en este grupo de edad. Esta situación afecta a todos los municipios de Michoacán, con 73 de ellos mostrando tasas superiores al promedio estatal.

Ante este panorama, la iniciativa de reforma busca hacer efectivo el tipo penal mediante sanciones a quienes se beneficien de estas prácticas, y agravantes para situaciones de abuso de poder o parentesco. Se propone, además, un enfoque interseccional que contemple las particularidades de victimas de pueblos indígenas, afromexicanos o en condiciones de discapacidad. La reforma establece que el delito se persiga de oficio y que se implementen medidas inmediatas de protección y reparación integral para las víctimas, alineándose con estándares de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Alanís enfatizó que esta reforma no busca únicamente endurecer penas, sino que su verdadero propósito es garantizar la aplicación de la ley, evitando que las prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes continúen. La prohibición civil del matrimonio infantil ha sido insuficiente y, por lo tanto, es crucial cerrar los caminos que permiten la perpetuación de uniones forzadas.

Con esta propuesta, se busca reforzar la obligación del Estado de asegurar una vida libre de violencias y promover un entorno más seguro para las infancias en Michoacán. Esta iniciativa es una respuesta directa a un problema urgente que afecta a miles de niñas y adolescentes en el estado, y destaca la importancia de la acción legislativa para abordar y transformar realidades sociales dañinas.

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