STAFF/@michangoonga
En una reciente decisión histórica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado la existencia de violencia política en razón de género (VPG) perpetrada por el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, en contra de una exdiputada federal. Este fallo ha resonado profundamente entre legisladores y activistas, destacando la importancia de la lucha por la equidad de género en el ámbito político.
La diputada local Brissa Arroyo, miembro de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, ha enfatizado que esta sentencia es un triunfo colectivo, el resultado de la valentía de miles de mujeres en todo el país que han alzado su voz contra la impunidad que protege a los agresores. Arroyo ha declarado que la falta de acción frente a la violencia política es una ofensa no solo para las víctimas, sino también un ataque al Estado de Derecho.
En su llamado a continuar con la lucha por un sistema político más equitativo, Arroyo ha instado tanto a mujeres como a hombres a unirse en la razón de romper con el ciclo de impunidad que ha caracterizado la política en México. Asegura que es una responsabilidad de todos promover una participación política paritaria y libre de violencia, instando a no dejar que ninguna mujer sea silenciada o revictimizada.
La diputada esboza que una sociedad que no tolera la violencia política contra las mujeres está en el camino hacia una democracia auténtica y saludable. Apelando a la necesidad de un pacto social por la igualdad, la justicia y la verdad, añade que este precedente judicial debe ser un impulso vital para erradicar la violencia institucional y simbólica que aún persiste en el ámbito político.
Datos oficiales indican que la Sala Superior del TEPJF determinó, tras revisar el caso, que la violencia política de género fue principalmente evidente en las acciones que llevaron a la exclusión de la exdiputada de un evento cívico militar. Una omisión que no solo la invisibilizó, sino que también tuvo un impacto negativo en su representación en el espacio público, lo cual debió ser garantizado según la normativa vigente.
En consecuencia, el sistema ha impuesto una sanción que estipula que el diputado será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) por un período de un año y seis meses, sentando un precedente en la política mexicana que busca eliminar la violencia de género en todos sus niveles.
La información contenida en este artículo corresponde a la fecha de publicación original (2025-07-11 17:59:00) y no se ha actualizado desde entonces.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
