El reciente debate en el Congreso de Jalisco ha puesto de manifiesto la persistente crisis del transporte público en la región. A pesar de la promesa de cambios, el bloque opositor ha denunciado que el costo real del pasaje se mantiene en 14 pesos, una cifra que contrasta con la tarifa de 11 pesos que los usuarios pagan actualmente. Este desajuste, enfatizado por las legisladoras, revela que el “tarifazo” sigue en vigor y que el gobierno local subsidia los 3 pesos restantes por cada viaje con recursos públicos, lo que representa una carga significativa sobre el presupuesto estatal.
A lo largo de esta compleja situación, la Comisión Especial de Seguimiento a la Mejora del Transporte ha señalado que la eliminación de la “Tarjeta Única” para los usuarios no aborda el problema central: la falta de transparencia y calidad en el servicio de transporte. Se han identificado múltiples irregularidades, como la permanencia del esquema tarifario de 14 pesos en los convenios con transportistas, además de sospechas sobre la distribución de 2.5 millones de tarjetas Broxel, que aún no cumplen con su función.
Las diputadas también han señalado preocupaciones sobre los requisitos impuestos a los estudiantes para acceder a tarifas reducidas. Para obtener la tarifa preferencial de 5 pesos, los estudiantes deben gestionar tarjetas de un tipo específico, lo que genera descontento. Asimismo, la falta de transbordos gratuitos y la carencia de mejoras en los horarios de servicio en rutas clave continúan siendo un tema de discusión.
Frente a este panorama, se exige una democratización del Comité Técnico Tarifario para incluir la voz de los usuarios en la toma de decisiones y garantizar que cualquier ajuste en las tarifas tenga en cuenta indicadores de pobreza y la modernización del sistema.
Además, la reciente negativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a aceptar plebiscitos y referéndums ha impulsado a colectivos ciudadanos a mantener la presión sobre el gobierno. Las demandas son claras: garantizar transbordos gratuitos, auditar el uso de los subsidios y mejorar la frecuencia y cumplimiento de horarios en las rutas.
El Congreso de Jalisco ha decidido continuar con el análisis de estas iniciativas para asegurar que las decisiones relativas al presupuesto no se tomen sin consenso. En los próximos días, se espera que se fije una estrategia legal que desvincule el subsidio estudiantil de la obligatoriedad de las tarjetas de prepago, un paso crucial para abordar la crisis del transporte en el estado y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
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