La mañana de un jueves reciente, tras 10 horas de intensas discusiones, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Esta normativa otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la facultad de acceder a más de 20 bases de datos personales y biométricos, tanto públicos como privados, facilitando así sus labores de investigación.
En la tercera sesión del periodo extraordinario, el partido Morena, junto a sus aliados como el PT y el PVEM, aprobaron un dictamen modificado casi al cierre de las deliberaciones. Esta nueva ley tiene su fundamento en el párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política, y ahora será evaluada por el Senado de la República.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer la Plataforma Central de Inteligencia, que estará bajo la batuta del Centro Nacional de Inteligencia. Este organismo será responsable de organizar y sistematizar aproximadamente 22 bases de datos de diversas categorías sociales, incluyendo registros de salud, finanzas y comunicaciones.
El artículo 12 de esta nueva legislación especifica que las bases de datos incluirán información vehicular, biométrica, registros públicos de la propiedad y del comercio, fiscal, y otros datos relevantes que puedan extraerse para fortalecer labores de inteligencia. Se ordena que todas las instituciones y entidades públicas deben tener sus bases de datos ordenadas y actualizadas, de tal forma que puedan ser utilizadas en investigaciones criminales.
Entre las obligaciones, se establece que los individuos y entidades privadas que dispongan de registros relevantes deberán colaborar con el Sistema Nacional. Sin embargo, se subraya que el manejo de esta información debe cumplir con normas de privacidad y seguridad.
Los resultados generados por el Sistema Nacional servirán para prevenir y perseguir delitos de alto impacto, así como proteger los derechos de la ciudadanía. Esto incluye la elaboración de mapas y análisis sobre bandas criminales, y estudios sobre la incidencia delictiva, con énfasis en delitos graves como homicidios y secuestros.
El debate sobre esta ley ha suscitado temores en algunos sectores. Diputados del PRI y el PAN han calificado el dictamen como la “ley espía”, argumentando que está diseñado para permitir un control excesivo del Estado sobre la ciudadanía, comprometiendo así el derecho a la privacidad. Críticas severas han llegado desde estas bancadas, quienes han expresado preocupaciones sobre el potencial abuso de la información personal sin controles judiciales.
Desde la trinchera opuesta, figuras como Ricardo Sóstenes Mejía han defendido la ley, argumentando que dotará a la Secretaría de Seguridad de herramientas necesarias para combatir el crimen organizado de manera efectiva. La legítima preocupación por la seguridad pública parece chocar con los principios de privacidad y derechos individuales, creando un debate que seguramente continuará.
El contenido de esta información actual corresponde a la fecha de publicación original (2025-06-26 10:18:00).
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