Después de más de ocho meses de la aprobación de la reforma judicial, los diputados federales han dado un paso significativo al avalar una modificación a la Constitución con el fin de corregir contradicciones relacionadas con la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Comisión de Puntos Constitucionales ha votado a favor de derogar el párrafo sexto del artículo 97, el cual contenía reglas que ahora se consideran incompatibles con el nuevo marco normativo.
El texto que se busca eliminar establece que la presidencia de la SCJN sería seleccionada por el Pleno cada cuatro años y que esta figura no podría ser reelecta para el período inmediato posterior. Sin embargo, la modificación a la ley reciente establece que la presidencia será del ministro que obtenga más votos en la elección, lo que genera una antinomia en la interpretación de estas disposiciones.
Este conflicto constitucional ha motivado la búsqueda de armonización en el proceso de elección democrática del Poder Judicial. Con la derogación, se aspira a brindar mayor claridad y evitar posibles confusiones que pudieran surgir en la interpretación de la normativa. La Comisión ha subrayado la importancia de su labor para ajustar la norma ante situaciones que, aunque puedan ser perfectibles, deben ser contempladas en un marco que favorezca la claridad.
No obstante, la oposición ha expresado su enérgico rechazo a esta modificación. Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada del partido Movimiento Ciudadano, ha argumentado que lo que se busca solucionar va más allá de un simple error técnico. Según ella, este conflicto es representativo de la forma apresurada en que se han legislado las reformas bajo la administración actual, adjectivándola como una “huella de un atropello legislativo”.
Del mismo modo, Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, ha sostenido que la corrección no aborda el daño infligido al Poder Judicial por la reforma original. Ella considera que la modificación carece de relevancia y que lo que verdaderamente se necesita es reconocer el fracaso en la elección de los cargos judiciales.
Por su parte, la diputada Nadia Navarro Acevedo del PRI ha señalado que el dictamen no debería ser considerado simple, ya que deriva de una reforma cargada de inconsistencias. Aunque se intenta presentar como un ajuste menor, para ella, aceptar esta reforma sería caer en una incongruencia.
El dictamen ahora se encuentra en manos de la Mesa Directiva de San Lázaro, donde se procederá a su análisis y discusión en un contexto de creciente preocupación respecto a la integridad y funcionalidad del sistema judicial del país. Este desarrollo resalta no solo las dificultades inherentes al proceso legislativo, sino también la urgencia de establecer un marco claro y coherente para el funcionamiento del Poder Judicial en México.
Toda esta información corresponde a la fecha de su publicación original el 20 de mayo de 2025.
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