En un importante avance para abordar la crisis de desapariciones en México, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un conjunto de reformas que implementan la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como la fuente única de identidad para los ciudadanos. Este cambio significativo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en un país donde más de 115,000 individuos han sido reportados como desaparecidos, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Con el respaldo mayoritario del partido Morena y sus aliados, y un apoyo parcial de los partidos PAN y MC, se modificaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y relacionada con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. Estas reformas fueron aprobadas en una sesión extraordinaria considerada de urgente resolución y ahora esperan ser publicadas por el Ejecutivo Federal.
Una de las piezas clave de esta legislación es la CURP biométrica, que integrará información personal y características físicas de los ciudadanos de manera digital. Este sistema permitirá una conexión con todos los registros disponibles de autoridades y particulares, facilitando así el seguimiento de investigaciones sobre desapariciones. Se espera que la obligación de que todas las entidades que manejan datos identificativos permitan su consulta por parte de fiscalías y instituciones de seguridad contribuya a la eficiencia en las búsquedas.
Además, se implementará una Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, gestionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizada en tiempo real por fiscalías especializadas. A esto se suma la creación de una Plataforma Única de Identidad, que centralizará datos biométricos y personales, integrándose con bases de datos relevantes, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
Otra medida adoptada incluye la implementación de alertas inmediatas para la búsqueda de personas desaparecidas, así como la exigencia de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas en este ámbito. Se prevén sanciones más severas para quienes obstaculicen la entrega de datos e incluso la posibilidad de reducciones otorgadas a quienes colaboren en la localización de desaparecidos.
Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado críticas por parte de legisladores de oposición, quienes advierten sobre los riesgos inherentes a la gestión de datos biométricos y personales. Alertan que podrían carecer de protecciones adecuadas, lo que las convertiría en blanco de abusos y vulnerabilidades, dado que no existe un órgano autónomo como el INAI que supervise su uso.
La diputada Nadia Navarro del PRI, ha bramado contra lo que considera un intento de consolidar un Estado autoritario, al señalar que la interconexión de bases de datos públicas y privadas carece de límites claros. En contraste, la diputada Ana Erika Santana del PVEM ha defendido los cambios como un intento necesario de reformar la manera en la que se enfrenta la grave problemática de las desapariciones, destacando que estas medidas pretenden constituir un avance en la búsqueda de soluciones a este fenómeno creciente.
En resumen, las reformas aprobadas constituyen una respuesta gubernamental a la alarmante tasa de desapariciones en México, al establecer mecanismos que, según sus defensores, podrían facilitar la identificación y localización de personas desaparecidas, mientras que sus opositores luchan por la salvaguarda de la privacidad ciudadana en un contexto de creciente vigilancia. La información proporcionada refleja los acontecimientos hasta la fecha de publicación original, el 1 de julio de 2025.
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