En un recente análisis sobre la situación de los presidentes municipales en el estado de Michoacán, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Octavio Ocampo Córdova, rechazó cualquier indicio de que los 19 ediles de su partido estuvieran bajo amenazas o intimidaciones por parte del crimen organizado. Esta afirmación surge en el contexto de ataques violentos recientes, incluido un incidente grave en el que la vivienda de la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero, fue incendiada y baleada, y también se registraron actos de vandalismo en la propiedad del síndico.
A pesar de los hechos que ponen de relieve la violencia en la región, Ocampo Córdova aseguró que hasta la fecha ningún alcalde ha presentado denuncias relacionadas con amenazas de grupos delictivos. En sus declaraciones, el dirigente enfatizó la importancia de mantener la política del PRD libre de cualquier vinculación con el crimen organizado, subrayando que la integridad de los funcionarios es primordial. “Hemos sido muy insistentes en pedirles que no mantengan vínculo alguno con estos grupos delictivos, precisamente para evitar cualquier riesgo”, declaró.
Sin embargo, el líder del PRD también hizo un llamado a la prudencia, exhortando a los presidentes municipales a tomar precauciones tanto en su vida personal como profesional, reconociendo que algunas de sus decisiones pueden generar malestar en organizaciones criminales. “En temas de seguridad, hay decisiones que, por supuesto, incomodan a estos grupos al margen de la ley. Eso los expone, y por ello deben mantenerse alertas”, advirtió Ocampo Córdova.
Además, el legislador local abogó por que se otorgue protección oficial a los alcaldes en Michoacán, sugiriendo que contar con elementos de seguridad asignados podría ser esencial para garantizar la integridad física de estos funcionarios ante un entorno cada vez más complejo.
Este discurso de Ocampo Córdova llega en un momento en que la inseguridad persiste como un desafío significativo en muchas regiones de México, planteando interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad y el papel de los partidos políticos en la protección de sus representantes. La situación sigue evolucionando, y es esencial que la comunidad se mantenga informada sobre el desarrollo de estos eventos en el futuro.
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