En los últimos años, los ingresos del gobierno mexicano provenientes del sector de hidrocarburos han experimentado una notable caída, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del país. Este descenso se debe principalmente a dos factores interrelacionados: la reducción y eventual eliminación del Derecho por Utilidad Compartida (DUC) que Petróleos Mexicanos (Pemex) debía pagar por la extracción y venta de petróleo y gas, junto con una disminución en la producción y exportación de estos recursos.
En 2019, los ingresos provenientes del sector representaban un 10.9 por ciento del total, mientras que para 2020, tras la implementación de la reducción en la tasa del DUC, esta cifra cayó a un alarmante 5.0 por ciento. Este cambio marcó el inicio de un periodo incierto para las finanzas del gobierno.
Aunque en 2022 se observó un repunte, alcanzando un 13 por ciento de contribución a los ingresos fiscales debido en parte a los elevados precios del petróleo provocados por el conflicto en Ucrania y a un incremento en la venta de productos tras la pandemia, esta tendencia de recuperación ha comenzado a revertirse.
La investigadora de energía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Katherine Olvera, subrayó que la reducción del DUC proporciona un alivio a Pemex en términos de pagos de impuestos, pero a su vez genera costos fiscales millonarios que afectan la salud financiera del Estado.
A finales de 2024, se propuso un nuevo régimen fiscal que reemplaza el DUC por el Derecho Petrolero para el Bienestar. Este cambio trae consigo una disminución de la tasa del derecho que se le cobra a Pemex, estableciéndose en 30 por ciento para 2025. Este porcentaje implica que Pemex contribuye menos a las arcas del gobierno, lo que intensifica las preocupaciones sobre los ingresos fiscales.
Expertos como Víctor Manuel Herrera, socio de Miranda Ratings Advisory, han señalado que, además de la reducción en la tasa del derecho petrolero, la caída de los ingresos está ligada a una menor producción y exportación de petróleo. Las decisiones gubernamentales, como la construcción de la refinería de Dos Bocas en un esfuerzo por alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolina, han cambiado el rumbo de las exportaciones. Esto ha resultado en una menor venta de petróleo, que normalmente generaría ingresos, al ser redirigido a una refinación cuyo costo es cuestionable, como lo destaca Herrera.
Mauricio González, del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, enfatiza la necesidad urgente de una reforma profunda al modelo operativo de Pemex. La creciente carga que representa para el gobierno, especialmente en un contexto donde se persigue la autosuficiencia en la refinación de gasolinas, podría convertirse en un obstáculo significativo para las finanzas federales.
Así, el panorama fiscal relacionado con los hidrocarburos en México se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones estratégicas del gobierno y la situación del mercado global deben ser evaluadas con cuidado para evitar un déficit público que puede impactar seriamente el bienestar del país.
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