Alma Rosa Rojo Medina, miembro activo de un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, fue víctima de un violento ataque a balazos el pasado sábado 29 de agosto en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán, Sinaloa. Junto a otra mujer, fue trasladada a un hospital donde se activó el protocolo del Código Plata, garantizando su protección. Afortunadamente, ambas fueron reportadas en estado estable.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa tomó medidas inmediatas tras el ataque. El área fue acordonada por un Grupo Interinstitucional que se encargó de llevar a cabo las diligencias necesarias para rastrear a los responsables del ataque. Se ha abierto una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que recae en la Fiscalía General del Estado. La investigación está bajo el alero de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el apoyo de la Policía de Investigación y personal forense. Uno de los enfoques de la indagatoria explora un posible vínculo entre el ataque y la labor humanitaria que lleva a cabo Alma Rosa como activista buscadora.
Grupos de apoyo, como Sabuesos Guerreras A.C., han condenado el ataque, identificando a Alma Rosa como una figura fundamental dentro del colectivo Voces Unidas por la Vida. Esta organización ha exigido una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y ha reclamado medidas de protección efectivas para Alma Rosa, su familia y otros integrantes de colectivos de búsqueda en la región. Sabuesos Guerreras expresó que quienes buscan a sus seres queridos no deberían enfrentar el temor ni la muerte al realizar una labor que, en última instancia, compete al Estado.
El ataque ocurrió un día antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, una fecha que busca visibilizar la problemática de desapariciones y sus devastadoras consecuencias para familiares y comunidades. México enfrenta actualmente una crisis alarmante, con más de 128,000 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2026.
La CIDH ha destacado la difícil situación de quienes buscan a sus seres queridos, enfatizando la insuficiente respuesta estatal a esta crisis y la necesidad urgente de mejorar las medidas de protección para quienes se dedican a esta noble pero arriesgada labor.
Estos incidentes no solo afectan a las víctimas directas, sino que reverberan en toda la comunidad de buscadores y activistas que luchan incansablemente para localizar a sus seres queridos en un entorno de creciente violencia. La sociedad clama por justicia y protección, poniendo de relieve la responsabilidad del Estado en la salvaguarda de quienes desafían el miedo con la esperanza de encontrar la verdad.
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