El debate sobre la Ley de Aguas en México se intensifica, con el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, en el centro de la discusión. Tras una serie de reuniones con productores de diversas entidades, se vislumbra una serie de ajustes a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca ser votada la próxima semana.
Monreal, quien también preside la Junta de Coordinación Política, ha anunciado que el dictamen mejorado a la iniciativa se podría liberar este viernes, permitiendo así un espacio adecuado para que los miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento lo analicen conforme a los procesos reglamentarios.
La esencia de las modificaciones reside en abordar las inquietudes manifestadas por los productores de estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La intención del legislador es clara: proteger los derechos de los pequeños productores, asegurar que no sufran recortes en su volumen de agua concesionado y ofrecer certeza jurídica en torno a las acciones de regulación del agua.
Un aspecto crucial que se está considerando es el control del acaparamiento de recursos hídricos y el uso indebido de concesiones, un problema que ha resonado en el sector agrícola. Para ello, se contempla mantener el binomio tierra-agua intacto, permitiendo la herencia y transmisión de ambos recursos sin restricciones, así como facilitar la regularización de pozos y trámites afines. Además, se propondrá prohibir el uso de agua agrícola para fines no autorizados.
Un punto controvertido es la revisión de las normas sobre el traslado ilegal de agua, ya que muchos productores temen ser criminalizados por prácticas tradicionales que han utilizado durante años para abastecer a sus ganados y parcelas. La claridad en la redacción de la legislación también se ha vuelto esencial, especialmente en lo que respecta a las concesiones de agua agrícola, que no deben desviarse hacia usos industriales o ajenos a lo autorizado.
Otro aspecto que se discute es la posible creación de una autoridad independiente para la asignación de agua, algo que los productores de los distritos de riego han dejado claro que no desean, prefiriendo tener la potestad interna para decidir a quién se le asigna este vital recurso.
Los próximos días serán decisivos en el rumbo que tome esta ley crucial para la convivencia entre los derechos de los productores y la gestión sustentable del agua. La evolución de esta iniciativa podría marcar un cambio significativo en la forma en que se administran los recursos hídricos en el país.
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