La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción ha permanecido sin titular durante tres meses y medio tras la renuncia de Roberto Moreno Herrera, una situación que pone al mecanismo de lucha contra la corrupción al borde de la inoperancia. Esta secretaría es crucial para articular los esfuerzos institucionales contra un mal que afecta profundamente el servicio público.
El Comité Ciudadano de esta instancia, que también está incompleto, enfrenta el riesgo de convertirse en un ente sin funciones, ya que solo cuenta con tres de los cinco integrantes requeridos, lo que limita enormemente su capacidad de acción. La incertidumbre sobre si el mecanismo normalizará sus funciones o si, por el contrario, podría desaparecer, ha suscitado posiciones encontradas. Entre quienes abogan por esta última opción se encuentra María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en anticorrupción fiscal.
El pasado 12 de mayo, Vania Pérez Moreno, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, convocó a la integración de una terna para seleccionar al sucesor de Moreno Herrera. Según lo estipulado por la legislación vigente, la presidencia del Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción tiene la autoridad para presentar esta terna. La última reunión de esta instancia se llevó a cabo el 7 de febrero de 2025, con participación activa de la secretaria Raquel Buenrostro.
Recientemente, el sistema ha experimentado cambios significativos, como la inclusión de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la eliminación del titular del INAI. A pesar de los ajustes, la resolución de asuntos en el Órgano de Gobierno no presenta jerarquías, lo que puede acarrear empates en las discusiones. Si esto ocurre, el presidente en funciones tiene voto de calidad, lo que podría influir en el proceso de selección.
Este martes, se espera que los integrantes del Órgano de Gobierno se reúnan, y se rumorea que Mijangos podría proponer la anulación de la terna actual y reinstaurar el proceso de selección. Sus reservas giran en torno a una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control contra Rafael Martínez Puón, uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, debido a su presunta intervención en la selección de candidatos sin haber declarado un conflicto de interés.
Martínez Puón, con más de dos décadas de experiencia en la formación de servidores públicos y actual coordinador académico del Instituto Nacional de Administración Pública, tiene vínculos con dos miembros de la terna. La denuncia señala que estos, José Alberto Reyes Fernández y Martha Patricia Aguilar Espinosa, son subordinados de Martínez Puón. Además, se menciona que Jaime Adrián Cerdio Moisés está también ligado a él.
La denuncia también alude a problemas en la selección de Moreno Herrera hace tres años, cuando el Comité de Participación Ciudadana contaba con cinco integrantes y su presidente se excusó de participar en un posible conflicto de interés. En un contexto de tensión, varios miembros del Sistema han interpuesto denuncias por presuntas abusos de poder.
La situación en el Sistema Nacional Anticorrupción se complica aún más con la reciente oleada de renuncias, que incluye a Claudia Lizeth Moreno, representante ante la SESNA, y Dionisio Zabaleta, director general de Riesgos e Inteligencia Anticorrupción. En este movimiento de reestructuración, varios titulares de unidades también se encuentran bajo presión para renunciar, lo que genera una atmósfera de incertidumbre sobre el futuro del organismo.
En un contexto paralelo, la política en San Luis Potosí se torna cada vez más intrincada, alineándose con los intereses de Ricardo Gallardo Cardona y su administración. Recientemente, eventos como el cumpleaños del secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara, sirvieron para consolidar alianzas que se preparan para las elecciones futuras, evidenciando la complejidad de las dinámicas de poder entre diferentes actores y partidos políticos. El Partido Verde marca un claro objetivo: mantener la gobernatura que ostenta, mientras que otros partidos y figuras clave son objeto de negociaciones en un entorno marcado por la presión política.
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