Una coalición de doce estados de Estados Unidos, entre ellos Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota, presentó este miércoles una demanda ante la corte de comercio internacional para impugnar los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La acción legal sigue los pasos de California, que la semana pasada presentó una impugnación similar. Los estados demandantes, todos liderados por gobiernos demócratas, consideran que el mandatario republicano ha excedido su autoridad al imponer unilateralmente tarifas sin la aprobación del Congreso.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una agresiva agenda proteccionista que ha generado una fuerte volatilidad en los mercados globales. En el marco de una nueva guerra comercial contra China y otras naciones, el presidente impuso aranceles del 10% a una amplia gama de productos de diversos países. Además, ha amenazado con aplicar tarifas aún más severas en el futuro, lo que ha encendido alarmas en sectores económicos y políticos.
La base legal de la demanda presentada este miércoles cuestiona el uso que hizo Trump de la ley de poderes económicos de emergencia de 1977. Según los fiscales generales de los estados, esa normativa no le otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma arbitraria, ya que la Constitución reserva esa potestad al Congreso. La demanda argumenta que, al declarar emergencias según su propio criterio para justificar los aranceles, Trump ha alterado el equilibrio constitucional de poderes y ha generado caos en la economía nacional.
Kris Mayes, fiscal general de Arizona, calificó la estrategia arancelaria de Trump como “demencial” e “ilegal”, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, llegó a compararla con “el peor autogol de la historia de este país”. Newsom agregó que se trata de una de las acciones “más autodestructivas” vistas en la historia reciente de Estados Unidos.
Aunque Trump defiende su política alegando que fomentará la reindustrialización y traerá empleos de vuelta al país, numerosos economistas advierten que en el corto plazo los efectos serán negativos: aumentos de precios para los consumidores, incertidumbre comercial y pérdida de empleos en sectores vulnerables.
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