En un lapso de doce días, del 20 de febrero al 4 de marzo de 2026, el panorama global y el de México experimentaron una reconfiguración radical. Una serie de eventos trascendentales, desde un veredicto judicial histórico en Estados Unidos hasta la muerte de un potente líder del narcotráfico, configuraron un marco de inestabilidad que incendió las tensiones ya latentes.
El 20 de febrero, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo sin precedentes al declarar ilegal el conjunto de aranceles impuestos por el expresidente Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act. Este movimiento, que afectaba a México y Canadá con un impuesto del 25% relacionado con el tráfico de fentanilo, se extendía a casi 90 naciones a través de tarifas “recíprocas” que alcanzaban entre el 10% y 50%. Este fue un triunfo del Estado de derecho, pero también auguró el inicio de una fase de incertidumbre.
Dos días después, el 22 de febrero, un operativo del Ejército Mexicano en Tepalpa, Jalisco, culminó con la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acción provocó una inmediata reacción violenta: más de 250 narcobloqueos y ataques con drones sacudieron el occidente del país.
El 26 de febrero, el Inegi reveló su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de enero, la cual reportó la pérdida de 705,427 empleos formales, equivalente a dos de cada tres puestos generados durante todo el año 2025. Este dato, que pasó desapercibido para muchos, se inscribió en un contexto de creciente angustia económica.
El 1 de marzo, Trump volvió a introducir medidas arancelarias, esta vez un 10% sobre las importaciones globales, amparándose en la Ley de Expansión Comercial de 1962. Aunque México quedó exento gracias al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), este nuevo movimiento dejó claro que, ante el cerco judicial, el antiguo presidente estaba dispuesto a buscar alternativas, aunque fueran controvertidas.
El 2 de marzo, la situación escaló aún más cuando Estados Unidos e Israel llevaron a cabo bombardeos en Irán, resultando en la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país. Este acto desencadenó un conflicto armado que impactó no solo a Irán, sino también a Líbano, Irak, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Omán. Como respuesta inmediata, el precio del petróleo se disparó debido al cierre del estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito del 20% del petróleo mundial.
Entre el 2 y el 4 de marzo, las consecuencias de estos eventos se hicieron palpables: el precio del petróleo WTI subió un 8.2%, mientras que la mezcla mexicana aumentó un 7.1%, acumulando un incremento total del 24.3% en lo que iba del año. Al mismo tiempo, el peso se devaluó un 2.6% y la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una caída del 4.74%, marcando cuatro días consecutivos en rojo.
Lo que estamos viviendo no ha alcanzado aún la categoría de crisis, pero se percibe una intensa incertidumbre, un estado que resulta igual o incluso más preocupante, pues carece de parámetros claros para la gestión. El fallo de la Suprema Corte no dio la estabilidad esperada; en su lugar, dejó claro que cuando las instituciones desafían al poder conservador, este no se detiene, sino que busca rutas alternativas, a menudo a través de conflictos bélicos.
En medio de esta tumultuosa realidad, México se ha mantenido en pie. Sin embargo, resistir en tiempos de crisis no equivale a prosperar. Las miradas siguen atentas, esperando rumbo y respuestas en un entorno cada vez más volátil.
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