A lo largo de los primeros cinco meses de 2026, México ha sido escenario de una alarmante violencia política que ha cobrado la vida de 76 políticos y sus familiares. Estos crímenes, documentados hasta el 20 de julio, reflejan un fenómeno perturbador que ha mantenido su gravedad en comparación con años anteriores, aunque con cifras inferiores a las de 2023, 2024 y 2025.
La mayoría de estos asesinatos se han producido en el ámbito municipal, afectando a un amplio espectro de figuras, desde directores y policías hasta titulares de cultura y familiares de funcionarios. En particular, las víctimas incluyen alcaldes y varios miembros de sus familias, lo que indica una agresión dirigida a las bases del poder local.
Uno de los incidentes más recientes y representativos ocurrió el 18 de julio en Zacatecas, donde se encontraron los cuerpos de diez personas, incluidas personalidades como Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde panista de Sombrerete, y Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social en Fresnillo. Este desarrollo motivó a las autoridades federales a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en la región y prometer investigaciones exhaustivas sin impunidad.
Desde el inicio de 2017 hasta mayo de 2026, la plataforma Votar entre Balas, impulsada por organizaciones civiles, ha documentado un total de 1,442 casos de violencia política. En este periodo, Morena ha tenido el mayor número de víctimas, con 623 asesinatos, seguido por el PAN con 225 y el PRI con 203. Además, el 80% de los individuos asesinados pertenecía al ámbito municipal; es decir, se encuentran en la línea del frente de esta preocupante problemática.
Los estados más afectados incluyen Guerrero, con 185 casos, Guanajuato con 172, y Veracruz con 148. Zacatecas, aunque con 59 casos reportados, también refleja un entorno extremadamente peligroso para aquellos involucrados en la política local.
El académico Javier Contreras Vázquez de la UNAM ha destacado que la violencia política se ha convertido en una constante en México, algo que trasciende gestiones administrativas en seguridad pública. Aseguró que el problema es estructural, con el crimen organizado intentando influir en las precandidaturas y candidaturas al acceder a espacios de poder para facilitar sus actividades ilícitas. Esto provoca un incremento en la violencia, especialmente en la etapa de precampañas, cuando las decisiones sobre candidaturas son críticas.
Para abordar esta crisis, Contreras Vázquez sugiere una mayor coordinación entre las fiscalías, las fuerzas de seguridad y los gobiernos municipales, dado que la mayoría de las víctimas de violencia política son de este nivel. La creación de estructuras más robustas podría ayudar a mitigar la inseguridad en la que se encuentran inmersos los actores políticos, quienes deben navegar por un panorama cada vez más hostil y amenazante.
A medida que avanza el año electoral, no resta más que esperar que las autoridades y la sociedad civil unan esfuerzos para garantizar un proceso más seguro y respete la integridad de quienes se dedican a la política. La lucha contra la violencia política es un desafío que, lamentablemente, sigue presente.
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