Movilizaciones constantes han llenado nuestras calles, resonando con los reclamos sobre la desaparición de personas en el país. Este fenómeno trágico y devastador nos confronta diariamente con una realidad que roza lo insoportable. Los años transcurren, al igual que los intentos por comprender y abordar lo que sucede, pero como sociedad y como estado, no hemos logrado estar a la altura de lo que se requiere. Las estadísticas nos ofrecen solo un atisbo de un abismo de dolor que, si nos atreviéramos a mirar más de cerca, nos dejaría sin aliento.
Según el Registro de Personas Desaparecidas y No Encontradas, más de 121 mil 651 ciudadanos esperan ser reencontrados por sus seres queridos, un número que invita a considerar esta crisis como una emergencia humanitaria. Familias enteras viven en la incertidumbre, sin saber si sus seres queridos sufren, están vivos, o si han sido víctimas de horrores inimaginables. A pesar de que se han realizado numerosas reuniones con la Secretaría de Gobernación, la eficacia y el compromiso de las autoridades parecen inadecuados en el contexto de esta crisis. El deseo de mejorar las estrategias de búsqueda y la adecuada reforma legislativa es innegable. Sin embargo, cada cambio de administración conlleva un ciclo de reinicios que no deberían persistir, dada la magnitud del problema.
En medio de este caos, empieza a emerger una nueva tragedia: la desaparición de jóvenes entre 15 y 19 años. Un informe de la Universidad de Guadalajara revela que este grupo etario ha sido víctima de un fenómeno alarmante, donde muchos son reclutados bajo engaños para integrarse al crimen organizado. Según la Secretaría de Gobernación, un número creciente de este reclutamiento ha sido identificado en estados como Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México.
Las cifras son desoladoras. Desde principios de este año, se reporta que aproximadamente 28 menores de entre 0 y 17 años son desaparecidos cada día. Hasta marzo de este año, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas contaba con 112,579 menores reportados como desaparecidos, de los cuales 17,349 siguen sin ser localizados, y 1,054 han sido encontrados sin vida. Esta dolorosa realidad nos hace reflexionar sobre la urgencia de la acción colectiva. La indiferencia debe dar paso a la indignación y la colaboración.
Es imperativo que la comunidad se una, refuerce la solidaridad y desarrolle alternativas efectivas de prevención y apoyo a las familias afectadas. Unámonos en la búsqueda de respuestas y soluciones; la lucha por la dignidad y la vida de una sola persona es una lucha por la dignidad y la vida de todos. Enfrentar esta crisis juntos es el único camino hacia un cambio significativo. Es una invitación a actuar, no solo como individuos, sino como colectivo, porque lo que le sucede a uno de nosotros, nos afecta a todos.
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