La historia fue una pesadilla que duró tres años, el tiempo que estuvo imputado C. L., estibador del puerto de Barcelona. Empezó el 15 de junio de 2016, cuando le detuvieron en el aparcamiento de su gimnasio, después de hallar en su coche un kilo de cocaína, hachís, una pistola semiautomática, un hacha y una navaja. Y se acabó, formalmente, el 31 de mayo de 2019, cuando el juzgado dejó claro que él no tenía nada que ver con esa droga ni con esas armas. Ahora llega la segunda parte, el juicio contra los sospechosos de tenderle la trampa para encarcelarlo. El fiscal pide 18 años y 9 meses de cárcel para dos mossos d’esquadra, el cabo Francesc A. y el agente Xavier G. Y otros 15 años para sus dos presuntos compinches, Joaquín B. y Juan Antonio R.
El ministerio público sostiene que los policías (que fueron detenidos en 2017 y están en libertad, pero apartados de su trabajo), junto a los otros dos acusados, “de común y previo acuerdo”, consiguieron la cocaína y el hachís, “adquiriéndolos de ignorados proveedores”. Tuvieron la droga durante un “tiempo indeterminado” para “la venta, el intercambio, la entrega a terceros o el consumo”. También se hicieron con la pistola semiautomática, el hacha y la navaja. Y todo ello lo usaron para “implicar al estibador del puerto de Barcelona C. L.” en el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas, con el objetivo de que sufriese “las consecuencias aflictivas de un procedimiento penal y, especialmente, la privación de libertad que inevitablemente se acordaría para él”, según el fiscal.
Los dos mossos d’esquadra aportaron “información esencial” para el plan. Destinados en la comisaría de Sant Martí de Barcelona, consultaron en las bases de datos información sobre el estibador y su vehículo, sabiendo que no estaba justificado que lo hiciesen. El fiscal señala que “facilitaron” esa información a los otros dos acusados, Joaquín B. y Juan Antonio R., quienes “procedieron a realizar seguimientos y vigilancias” a C. L. para “conocer sus rutinas”. El objetivo era lograr que encarcelasen al estibador.
Una vez estudiada su vida, “los cuatro acusados en ejecución del plan trazado convinieron que harían la colocada de la droga y las armas en el vehículo” de C. L. la tarde-noche del 15 de junio de 2016. Sabían que lo dejaría en el aparcamiento de su gimnasio, en la avenida de Diagonal. Y fijaron ese día concreto porque uno de los dos policías, Xavier G., estaba de servicio y “podría controlar los acontecimientos”. Para ello, los mossos informaron a los otros dos hombres de cómo funcionaba la comisaría donde trabajaban. Les dieron el sobrenombre de uno de los agentes destinados en estupefacientes, “Trini”, el que tenía más “informadores”, para que llamasen al teléfono de guardia, dijesen que eran uno de sus confidentes, y diesen un “chivatazo” creíble, relata el fiscal.
Y así lo hicieron. Llamaron al móvil de guardia de la comisaría, contaron que había un Golf aparcado en el gimnasio con droga y se montó un operativo policial a cargo de Xavier G., que estaba de servicio ese día. Previamente, habían abierto el coche, metido las armas, la cocaína y el hachís, según el fiscal. A las nueve de la noche, cuando C. L. salió del gimnasio y se acercó a su vehículo, fue arrestado por las drogas y las armas que hallaron en el interior. El estibador permaneció detenido tres días en los calabozos, se vio inmerso en un proceso judicial de tres años, con el desgaste emocional, social y económico que supuso. Su arresto se publicitó en los medios y llegó a su entorno.
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La investigación no ha dejado claro si los acusados actuaron “por iniciativa propia” o a “instancia e interés de personas desconocidas”. En el trasfondo de la causa subyace enfrentamientos en la estiba. La víctima de la trama, C. L., fue acusada sin pruebas de ser el autor de una web que hablaba de diversos trabajadores del puerto de Barcelona a los que implicaba en una trama internacional dedicada al tráfico de drogas. Precisamente uno de los señalados en ese blog, David C., al que los policías presuntamente corruptos también consultaron en las bases de datos, fue acusado de instigar la cacería contra C. L., algo que no se ha podido acreditar.
Los dos mossos d’esquadra fueron detenidos por Asuntos Internos de la policía catalana tras más de un año de investigación. Para demostrar su presunta actividad delictiva, les colocaron micrófonos en su despacho y en su vehículo. También auditaron sus consultas en el sistema policial, además de someterles a vigilancia e intervenirles el teléfono. A todo ello, se suma la declaración de dos testigos protegidos, a los que el fiscal ha pedido que se cite en la celebración del juicio, que todavía no tiene fecha.
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