Javier Segura, uno de los traficantes de droga más temidos de Cataluña, se dio a la fuga hace unos siete años, antes de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre su condena por robar 200 kilos de cocaína de un contenedor en el puerto de Barcelona. El pasado 17 de abril, tras una intensa presión policial, judicial y diplomática, Segura, de 55 años, fue detenido en un resort de lujo de República Dominicana. Conducía un Maserati, valorado en más de 100.000 euros, con el que había ido a recoger a su hijo al aeropuerto de Punta Cana. Ingresado ya en una prisión española, le esperan 12 años y medio de condena y un montón de enemigos de los que también escapó.
El destino de Segura no es casual. “Eligió República Dominicana porque sabía que desde allí, era muy difícil que lo devolvieran”, explica el subinspector Jonathan Herrera, jefe de patrimonio de la policía catalana. A propósito de una investigación sobre vuelcos, como se conoce en el argot policial el robo entre narcotraficantes, de los reductos del clan Segura en Cataluña, comprobaron que un chaval de 14 años, hijo de Javier Segura, viajaba en fiestas y vacaciones a República Dominicana. Un país que la unidad de blanqueo de la policía catalana también tenía en el punto de mira: allí iba a parar, a través de testaferros, buena parte del dinero del clan, que en su día lideraron Segura y uno de sus hermanos. Poseían tres apartamentos en el complejo de Cocotal Golf and Country Club.
La pista sobre Segura activó a los Mossos d’Esquadra, que revolvieron archivos, investigaciones pasadas y hemerotecas para dar con él. Hacía años que no se sabía nada de Segura, desde que su compinche en el atraco del puerto Daniel Ribelles, alias El Bolo, cantase espontáneamente. Juntos, el 24 de enero de 2005, se apoderaron del inmenso alijo de cocaína camuflado en un contenedor de mercancías que transportaba gambas en el barco La Hispaniola, del que Estados Unidos había alertado a la Guardia Civil. La banda copó el interés de todos los cuerpos policiales. Por su violencia, y por sus contactos: en el caso fueron procesados siete agentes de la Guardia Civil y un inspector de Policía por dar el chivatazo y colaborar con la banda de Segura, aunque finalmente fueron absueltos porque no su participación no fue “fehacientemente probada”, según la sentencia.
En vez de huir, El Bolo asumió la pena de prisión que, en 2015, ratificó y amplió el Supremo. Y afrontó, como preso, otras dos causas judiciales que derivaban de aquel robo del puerto que supuso un terremoto, con serias sospechas de corrupción policial. En el juicio por un hallazgo de MDMA en Mollet del Vallès (Barcelona), en el que también estaba acusado el fugado, se dirigió al fiscal del caso desde el banquillo: “Señor Cavero, no busque más, lo tiene usted en República Dominicana”. Era la primera pista sobre el paradero de Segura, pero Gerardo Cavero, coordinador de la Fiscalía antidroga en Barcelona, rebaja su importancia: “La policía sabe lo que hace y no tengo dudas de que seguían la pista a Segura”, explica.
Ya con la clara convicción de que Segura se escondía en República Dominicana, los Mossos contactaron con la unidad de fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía y juntos presionaron a la Fiscalía, que activó a la Audiencia de Barcelona, que elevó la orden de detención internacional y de extradición a través del Ministerio de Justicia. La persecución había empezado. Pero no iba a ser fácil. La policía de República Dominicana hizo vigilancias en el aeropuerto de Punta Cana coincidiendo con la llegada del hijo de Segura. En noviembre de 2021, comprobaron por primera vez que al volante del coche que recoge al menor va Segura, uno de los hombres más buscados por todos los cuerpos antidroga españoles. “Nos contaban que un coche de alta gama con los cristales tintados recogía al menor. Pero luego le perdían porque circulaba muy rápido”, explica el inspector Darío Varela, jefe del grupo II de fugitivos de la Policía.
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El 17 de abril de 2022 se presentó una nueva oportunidad. El menor llegó al aeropuerto y, esta vez sí, los policías no perdieron de vista el Maserati de Segura y le siguieron hasta el resort de Playa Bávaro en el que vivía con una mujer rusa y una identidad falsa. La policía cree que ha pasado allí al menos los últimos siete años. También sospechan que dirigía, desde el otro lado del Atlántico, los negocios de droga de su familia en Cataluña.
Pero la detención era solo el primer paso. Había que lograr traerlo de vuelta a España para cumplir la sentencia por el robo del contenedor. Y había que actuar rápido: disponían de 48 horas para que la Audiencia de Barcelona —el tribunal que le juzgó— remitiese, a través del Ministerio de Justicia, la solicitud de extradición por los delitos de tráfico de drogas, detención ilegal y lesiones. El grupo de Varela, la unidad de blanqueo de los Mossos dirigida por el subinspector Merino y la fiscal de cooperación internacional de Barcelona, Ana Gil, se coordinaron para lograrlo.
Convenio bilateral
La experiencia previa no era buena. Aunque existe un convenio bilateral entre España y República Dominicana, su aplicación es de gran complejidad. El responsable de fugitivos asegura que, en los cinco años que lleva en el cargo, es el primero que consigue detener y extraditar. “Tenemos otros casos pendientes, incluso por asesinato, y no lo hemos logrado. Hay mucha dificultad”, explica. Todo pudo haberse complicado si Segura se hubiese opuesto: el caso habría ido a la Corte Suprema, que podría haber ordenado, entre tanto, su libertad. Pero Segura, por razones que no alcanzan a comprender los implicados, aceptó la extradición.
La Guardia Civil celebra la detención de Segura. “Es realmente uno de los tipos más peligrosos del crimen organizado en Cataluña”, explica uno de los agentes que investigó a la banda del puerto. La operación dejó una cicatriz en el instituto armado, que se temió traicionado por sus propios compañeros. Segura cumple condena en la actualidad en centro penitenciario de Aranjuez. Este agente sospecha que ha preferido cumplir condena en una prisión madrileña y no ser trasladado a Cataluña porque “tiene muchos amigos” que desearían verle, en alusión a narcotraficantes que desearían pasar cuentas por los vuelcos que llevó a cabo.
La ‘banda del puerto’ que sacudió los cimientos policiales
La investigación de la banda del puerto de Barcelona -que lideró el fiscal Fernando Bermejo-, que capitaneaba el ahora detenido Javier Segura, supuso un terremoto en el panorma policial catalán. La pista de un grupo de narcotraficantes especializados en vuelcos (robos entre traficantes) destapó un entramado que apestaba a corrupción, con guardias civiles y policías nacionales implicados. La Audiencia de Barcelona juzgó a 23 personas, con peticiones de penas de hasta 39 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, detención ilegal, lesiones, blanqueo de capitales, estafa y tráfico de influencias, entre otros. Finalmente, solo siete fueron condenados y todos los policías, resultaron absueltos al decretarse la nulidad de las intervenciones telefónicas. La Audiencia señaló que existía un “extraño maridaje” y “corruptelas y tratos de favor” entre policías y narcos, pero concluyó que no habían quedado “fehacientemente probados” los delitos.
Un arrepentido de la banda fue una figura clave en la investigación. El hombre, Juan Pedro Lozano, condenado por el asesinato en 2002 de dos vigilantes de Prosegur que custodiaban un furgón en Terrassa, delató a sus antiguos colegas. “Se sienten por encima del bien y del mal”, explicó en el juicio, en el que defendió que a través de sus contactos policiales le habían cargado falsamente con los dos muertos de Terrassa.
La investigación tuvo otra derivada más, y sentó en el banquillo de los acusados a un experiodista de <CF1003>El Mundo.</CF> La Fiscalía le acusó de haber publicado información falsa, a petición de los guardias civiles, y cobrando por ello, para perjudicar la investigación. La Audiencia de Barcelona le absolvió.
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