En Colombia, el conflicto armado sigue su curso y toma una nueva dirección con el uso de drones que lanzan bombas. Las autoridades del país han detectado recientemente estas nuevas tácticas de ataque a manos de grupos ilegales que operan en la región. Estos drones son capaces de transportar cargas explosivas por varios kilómetros antes de lanzarlas sobre los objetivos.
El comandante de las Fuerzas Militares, Hélder Giraldo, informó a los medios que el Ejército está trabajando para adquirir sistemas anti-drones horas después del ataque de este lunes. “El fin es poder detectar, identificar y destruir este tipo de aeronaves”, afirmó el general. Al día siguiente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló en una rueda de prensa que la Fuerza Pública ha sufrido 19 ataques con drones modificados en lo que va del año, todos en el Cauca y desde abril. Velásquez señaló que las capacidades de defensa del Gobierno frente a estas armas son “insuficientes” y reconoció que “necesitamos incrementar capacidades”. Los drones se han integrado oficialmente al conflicto armado colombiano, aunque su potencial completo aún se desconoce.
Según Nicolás Urrutia, inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, el uso de drones como armas de guerra no es del todo nuevo en Colombia. Urrutia explicó que equipos similares han sido utilizados de manera esporádica por grupos armados ilegales desde principios del milenio. Sin embargo, su presencia ha aumentado drásticamente en los últimos meses. El general Giraldo ya había advertido el 20 de marzo sobre el riesgo de ataques “inminentes” con estas aeronaves por parte de disidencias. Su advertencia fue acertada.
Menos de una semana después, las Fuerzas Públicas se enfrentaron en un combate violento con el frente Daría Ramírez, parte del Estado Mayor Central, una federación de grupos disidentes, en el municipio de Garzón (Huila). En el enfrentamiento, murió un miembro del grupo ilegal y cuatro fueron capturados. También se incautó un dron DJI Mini 4 pro, que se vende por unos cuatro millones de pesos (mil dólares) en Amazon. Desde entonces, además de los 19 ataques en el Cauca, las autoridades han reportado que grupos disidentes han realizado cursos de manejo de drones en Putumayo, Guaviare, Vaupés, Nariño, Caquetá y Norte de Santander. La amenaza es evidente.
El uso de drones en el conflicto armado en Colombia es preocupante y representa una amenaza para la seguridad nacional. Estos ataques no solo ponen en peligro la vida de las personas, sino que también pueden causar daños materiales y afectar a la economía local.
Las fuerzas armadas colombianas han intensificado sus esfuerzos para combatir estas nuevas amenazas, mediante la implementación de estrategias preventivas y la capacitación en técnicas de defensa de drones. Sin embargo, se espera que estos ataques sigan siendo una preocupación constante para las autoridades del país.
El conflicto armado en Colombia no es nuevo, pero el uso de drones para lanzar bombas es una táctica novedosa que genera una mayor preocupación en la región y en la comunidad internacional. Las autoridades del país deben tomar medidas efectivas para frenar estos ataques y garantizar la seguridad de la población civil.
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