Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó la decisión unánime de rechazar la demanda presentada por el gobierno mexicano en 2021 contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. La base de este fallo se encuentra en la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), vigente desde 2005, que otorga protección a los fabricantes de armas en el país siempre que sus productos funcionen tal como fueron diseñados, incluso si son usados de manera ilegal por otros.
Desde el principio, se anticipó que la demanda carecía de fundamento jurídico. En agosto de 2021, se advirtió que dicha acción estaba destinada al fracaso debido a las limitaciones impuestas por la PLCAA. Posteriormente, en octubre de 2022, un juez federal desestimó el caso, reafirmando que el gobierno mexicano no contaba con un respaldo legal sólido y que solo generaría gastos innecesarios.
La iniciativa para presentar esta demanda fue impulsada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, quién la consideró como un “acto valiente e innovador”. Sin embargo, bajo este enfoque propagandístico, se buscó más fortalecer postulaciones políticas que atender el interés nacional. Pese al respaldo del presidente en funciones, el resultado era inevitable: la demanda carecía de base legal, y la Corte Suprema decidió no profundizar en el fondo del asunto.
La situación que desató esta acción legal es alarmante. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, aproximadamente el 74% de las armas rastreadas en México provienen de ese país, con un flujo constante de 200,000 armas ingresando ilegalmente cada año. Las autoridades mexicanas solo logran recuperar alrededor de 20,000.
Desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 hasta mayo de este año, se han documentado aproximadamente 464,000 homicidios dolosos en México, de los cuales el 73% se cometió con armas de fuego. Aunque la administración actual ha informado de una disminución en los homicidios, es fundamental abordar la problemática con seriedad y sin caer en optimismos prematuros.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto costó realmente esta aventura jurídica en términos de honorarios, costos judiciales y recursos de personal? Esas inversiones podrían haberse utilizado en fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia fronteriza o establecer controles más efectivos sobre las armas. Sin embargo, la estrategia elegida priorizó el espectáculo legal sobre la eficacia real en tribunales.
El fracaso del litigio era predecible, y los conocedores del tema eran conscientes de ello. La verdad fundamental que se obvió es que el derecho internacional no se adapta a discursos políticos, por más que se les considere valientes. La verdadera tragedia no radica solo en la pérdida de un juicio sin posibilidades de éxito, sino en la oportunidad desperdiciada para exigir un control más robusto sobre el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.
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