La semana pasada, un estudio de Oxfam México volvió a poner en el centro del debate nacional el tema crítico de la desigualdad económica en el país. Esta investigación, coordinada por Gerardo Esquivel, lleva por título “Oligarquía o Democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México”. A casi diez años de su primer reporte sobre este fenómeno, presentado en 2015, las cifras revelan que la situación ha empeorado, con un 1% de la población acumulando un asombroso 35% del ingreso total y controlando el 40% de la riqueza privada nacional.
Esta concentración de riqueza convive con un panorama alarmante: 18.8 millones de personas carecen de acceso a una alimentación nutritiva, 38.5 millones enfrentan carencias sociales y 21 millones de mujeres dedican una jornada completa a trabajos de cuidados no remunerados. En este contexto, 22,000 millonarios suman una fortuna conjunta de 219,000 millones de dólares, destacando a dos individuos, Slim y Larrea, quienes concentran el 70% de esta riqueza. La preocupación se vuelve palpable: ¿cómo puede crecer tanto la riqueza en una economía que, a su vez, enfrenta niveles tan profundos de pobreza?
El estudio señala de manera elocuente que la economía y la democracia no son esferas separadas; el poder económico se traduce en poder político. Sin embargo, la propuesta no es de confrontación. Oxfam aboga por un enfoque que promueva el crecimiento del sector privado mexicano, destacando que muchas de estas compañías son actores globales. La clave es fortalecer el mercado y fomentar una democracia económica, donde el Estado actúe de manera transparente y eficiente como garante de derechos, promoviendo la igualdad.
Entre las nueve propuestas de Oxfam, se destacan tres que responden a problemáticas urgentes: aumentar la inversión en infraestructura social que beneficie a las economías de cuidados, reformar el subsidio a la electricidad para que sea más equitativo y aplicar impuestos progresivos al transporte privado de lujo para financiar el transporte público. Estas acciones son cruciales para abordar la baja calidad de vida que enfrentan muchas personas en las ciudades, donde las horas dedicadas al transporte y los altos costos de servicios básicos se traducen en injusticias palpables.
Con finanzas públicas frágiles, se hace imprescindible que tanto el sector público como el privado desarrollen mecanismos innovadores y eficientes para colaborar en proyectos de justicia social. La inversión conjunta no solo promete beneficios mutuos, sino que también representa un paso necesario para mitigar la desigualdad que, como señala Oxfam, socava la actividad económica y la reducción del empobrecimiento.
Con este estudio, Oxfam no solo llama a la reflexión sobre la realidad histórica de la desigualdad en México, sino que propone crear una agenda comprometida y responsable para un futuro más equitativo. Es una invitación abierta a discutir y actuar: el bienestar de todos depende de romper con la espiral de pobreza que amenaza a millones.
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