Los presidentes municipales de la región Centro y montaña baja de Guerrero han decidido abandonar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Chilapa de Álvarez. Este retiro, anunciado el 23 de mayo, surge tras denuncias de una alarmante simulación institucional y falta de resultados concretos en materia de seguridad, en un contexto de creciente violencia atribuida al grupo criminal conocido como los Ardillos.
Los ediles han expresado su apoyo incondicional a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, en medio de una crisis de inseguridad que afecta tanto al municipio como a la región circundante. A lo largo de varios meses, los alcaldes asistieron a esta mesa de diálogo para exponer las graves amenazas que enfrentan, como desplazamientos forzados y ataques armados, pero encontraron más burocracia que soluciones efectivas: “Lejos de encontrar soluciones reales, hemos sido testigos de simulaciones burocráticas”, señalaron.
La situación es particularmente crítica para las comunidades indígenas de la montaña baja, que han denunciado estar enfrentando lo que describen como una “guerra de exterminio” a manos de los Ardillos. Estas comunidades han señalado que las autoridades federales, estatales y municipales han permitido que la violencia persista, lo que ha resultado en el desplazamiento forzado de más de 2,000 personas en distintas localidades de Chilapa.
Durante una conferencia de prensa el mismo 23 de mayo, habitantes de la región, junto a autoridades comunitarias, expusieron cómo los ataques armados han escalado, incluso utilizando drones explosivos, mientras la respuesta gubernamental se ha caracterizado por una marcada indiferencia. Grupos indígenas, como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la CRAC-Pueblos Fundadores, han emitido un manifiesto denunciando estos actos de violencia, y acusando a los gobiernos de minimizar la situación mientras intentan criminalizar a las organizaciones comunitarias.
Entre el 6 y el 12 de mayo, localidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán fueron blanco de ataques con drones, intensificando el clima de temor y desesperación en la región. En su manifiesto, las comunidades les exigieron a las autoridades la desarticulación del grupo criminal, la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales, y la provisión de recursos para atención médica, infraestructura educativa y garantías de seguridad para defensores comunitarios.
La actual crisis plantea serias preguntas sobre la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y responde a la urgencia de establecer estrategias efectivas que garanticen la seguridad en un ambiente donde la violencia cobra cada vez más vidas. La brutalidad de la situación en Guerrero no puede ser ignorada, y las demandas de las comunidades deben ser atendidas con seriedad y urgencia.
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