El Departamento de Educación de EE. UU. ha propuesto un nuevo sistema de “responsabilidad” que evaluaría los programas de educación superior principalmente con base en los ingresos de sus graduados. Esta medida ha generado preocupación entre las instituciones de artes liberales y los defensores de la educación, quienes argumentan que programas como música, artes visuales y cine, por su propia naturaleza, quedarían en desventaja y podrían fracasar bajo este nuevo criterio.
Conocidas como el Sistema de Transparencia y Matrícula Estudiantil (STATS) y la regla de Responsabilidad de Ingresos, las pautas buscan ofrecer a los estudiantes información clara sobre los costos y las perspectivas económicas de los programas académicos que desean cursar. El marco se aplicaría a toda la educación superior, y los programas cuyos graduados no cumplan con un umbral de ingresos en dos de tres años podrían perder la elegibilidad para préstamos federales estudiantiles. Esta propuesta, que fue realizada en un contexto de interés creciente por la rendición de cuentas en la educación, establece que los estudiantes deben beneficiarse de su inversión académica.
Precisamente, se ha ajustado el umbral para aprobar estas evaluaciones. Anteriormente, los ingresos de los graduados se comparaban con los salarios de adultos con un diploma de secundaria cuatro años después de su graduación. Ahora, se compararán con el salario medio de trabajadores de entre 25 y 35 años que tienen un título de licenciatura. Aquellos programas que repetidamente no logren superar este umbral enfrentarán la pérdida de beneficios federales, incluyendo los subsidios Pell, fundamentales para estudiantes de bajos ingresos.
Esta nueva normativa elimina la métrica de deuda-a-ingresos considerada en regulaciones anteriores, centrándose únicamente en los resultados de ingresos calculados por el gobierno. La administración sostiene que los contribuyentes no deberían subsidiar programas que no mejoren la situación financiera de los graduados. Sin embargo, críticos, incluidas importantes redes educativas, argumentan que este marco no ofrece una medida justa o realista del éxito, sobre todo para los profesionales creativos.
La Asociación de Universidades Americanas (AAU), que representa a instituciones de renombre como Harvard y Yale, ha expresado “serias preocupaciones” sobre las consecuencias de este enfoque, especialmente para disciplinas que aportan un valor público significativo que no puede medirse solo con datos salariales. También señalaron que la falta de participación de interesados, incluidos representantes de la comunidad de ayuda financiera, limitó el alcance del debate.
Un análisis preliminar de datos económicos del Departamento de Educación, reportado por un medio destacado, sugiere que muchos programas de posgrado en artes de las universidades más reconocidas del país no cumplirían con este nuevo test de ingresos. De hecho, se estima que el 90% de los estudiantes de estudios religiosos y el 100% de los beneficiarios de certificados culinarios no lograrían superar el umbral.
Anunciada en el marco de un amplio paquete de políticas domésticas que incluyó recortes de impuestos y reducciones en programas de seguridad social, esta norma cuenta con una fecha límite de finalización en julio. Hasta el momento, el Departamento de Educación ha recibido cerca de 8,800 comentarios públicos sobre la propuesta, incluyendo testimonios de exalumnos de programas de artes liberales y participantes en programas técnicos como cosmetología.
Algunos críticos indican que el test, al basarse en el “ingreso bruto”, no capta el panorama completo de los ingresos, especialmente para trabajadores en la economía del gig, mientras que otros consideran que un periodo de cuatro años no es suficiente para evaluar el potencial de ingresos a largo plazo, en campos donde el éxito no es inmediato tras la graduación.
Un exalumno narró su experiencia, subrayando que su prestigiosa pasantía en el Juilliard School apenas le otorgaba un salario que equivalía al 165% del nivel de pobreza federal. Otros participantes han expresado su preocupación de que esta medida podría poner en riesgo la existencia de programas en áreas menos favorecidas.
A medida que se aproximan las decisiones finales, la comunidad educativa observa con atención, esperando que se escuchen sus voces en este debate crucial sobre la educación superior en EE. UU.
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