La justicia de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra el tráfico de armas que alimenta la ola de violencia en México. Dos ciudadanos de Arizona, Laurende Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73 años, han sido acusados de apoyar a organizaciones terroristas, específicamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, grupos criminales designados como narcoterroristas por el Gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump.
La acusación subraya un camino que México ha exigido durante años: la necesidad de frenar el acceso ilegal a armas provenientes del norte. El país ha enfatizado que el crimen organizado y el tráfico de drogas son alimentados por este flujo de armamento, un hecho que continúa empeorando la situación de inseguridad.
Gray, quien operaba una armería en Arizona llamada Grips by Larry, tenía licencia para vender diversos tipos de armamento. A pesar de esta autorización, se le acusa de vender y facilitar el traslado de armas, que incluían pistolas, ametralladoras semiautomáticas y un potente rifle Barrett calibre 50. Según el cargo, ambos hombres intentaron suministrar armamento a estos cárteles en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, utilizando la fachada de su negocio para encubrir estas transacciones.
La acusación especifica delitos graves, como el tráfico de armas y el apoyo material al terrorismo, con penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión para cada uno de los cargos. Este proceso legal complementa los esfuerzos recientes en México para desmantelar a estas organizaciones criminales. En febrero de 2026, un operativo militar resultó en la muerte de Nemesio Oseguera, alias “Mencho”, líder del CJNG, junto con la captura y muerte de varios de sus hombres, reflejando una estrategia más amplia para combatir la violencia asociada a estos cárteles.
En un contexto más amplio, se producen al menos 14 millones de armas de fuego al año en Estados Unidos, con un notable ratio de 114 armas por cada 100 habitantes. Este entorno ha legitimado la proliferación de licencias para la venta de armas, con más de 77,813 en circulación, muchas de las cuales operan en la sombra, subrayando la necesidad de una revisión de las políticas relacionadas con el tráfico de armamento.
Este caso no solo destaca la problemática inmediata del tráfico de armas, sino que también refleja la complejidad de la relación entre Estados Unidos y México en la lucha contra la violencia del narcotráfico.
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