Washington ha intensificado su campaña de presión económica contra Irán, en un movimiento significativo que se concretó el 28 de mayo de 2026. A través del Departamento de Estado, se ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita desarticular los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Paralelamente, el Departamento del Tesoro ha implementado nuevas sanciones dirigidas a las redes implicadas en las ventas de petróleo militar iraní.
Este doble ataque se produjo en un contexto de tensión diplomática, justo cuando se confirmó un preacuerdo entre Estados Unidos y Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego. Sin embargo, las autoridades iraníes han desmentido oficialmente esta información, subrayando la fragilidad del proceso de negociación.
En este esfuerzo, la recompensa busca desentrañar los esquemas financieros que sostienen a la Guardia Revolucionaria, así como identificar a las empresas fachada que operan en nombre del régimen. A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha señalado que las ventas de crudo militar iraní constituyen una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, argumentando que esos ingresos son un motor para fortalecer las capacidades militares de la República Islámica.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que se mantendrá la presión sobre las exportaciones petroleras iraníes, utilizando la Orden Ejecutiva 13224, un instrumento antiterrorista que permite sancionar a grupos terroristas y sus patrocinadores. En sintonía con este enfoque, se ha designado a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, acusada de actuar como un mecanismo de extorsión en el tráfico marítimo internacional en la región.
Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero —cuando fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo ataques contra Irán—, el Departamento del Tesoro ha aplicado rondas sucesivas de sanciones, afectando a más de 30 individuos, entidades y buques relacionados con la exportación ilegal de crudo y programas de misiles. En un giro notable, solo en abril, la administración de Trump impuso restricciones a 35 personas y empresas vinculadas a un sistema bancario paralelo que facilitaba el movimiento de recursos derivados de ventas petroleras ilícitas.
Las nuevas sanciones se producen en un escenario de negociaciones diplomáticas aceleradas. Según informes, un preacuerdo entre las partes facilitaría el tránsito sin restricciones por el estrecho de Ormuz, que representa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Sin embargo, la contradicción de las autoridades iraníes respecto a este acuerdo resalta la incertidumbre que rodea al proceso diplomático y la complejidad de la situación.
La estrategia dual del gobierno estadounidense se hace evidente: mientras se mantiene un cerco económico sobre Teherán, también se exploran vías para evitar un recrudecimiento de los combates. Todo dependerá de si el presidente Trump aprueba o no el preacuerdo negociado por su equipo.
De este modo, el panorama geopolítico en la región sigue siendo volátil, y la tensión entre ambos países algunas veces pugna con la esperanza de una eventual resolución pacífica.
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