Estados Unidos incrementa la presión sobre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Al anunciar este lunes restricciones sobre los visados de 100 miembros de la Asamblea Nacional y de la judicatura de Managua. Según informó el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a través de un comunicado, la decisión va dirigida contra aquellos que “hacen posible al régimen de Ortega-Murillo [en referencia a la esposa de Ortega, Rosario Murillo] atacar la democracia y los derechos humanos”. Como ejemplo, Blinken cita en su comunicado el arresto de 26 opositores políticos y defensores de la democracia. Así como las leyes represivas que han dictado jueces y fiscales.
Entre esas 26 personas detenidas hay seis aspirantes a la presidencia del país, activistas universitarios y líderes del sector privado, entre otros. La represión también toma forma en Nicaragua a través de “leyes, como la legislación electoral, una ley de ciberdelitos y otra de agentes extranjeros. Que han servido para restringir la libertad de expresión y para criminalizar la disidencia y la participación política”.
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“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas que estén a nuestra disposición para fomentar la liberación de los presos políticos y apoyar la petición de los nicaragüenses de vivir en libertad, de que el Gobierno rinda cuentas y de que haya elecciones libres y justas”, se lee en el comunicado.
Las sanciones de la revocación de los visados por parte de la diplomacia norteamericana no solo afectan a las personas contra quienes van dictados sino también a “algunos de los familiares” de estos funcionarios, según Blinken. El Departamento de Estado no ha proporcionado una lista con los nombres de las personas afectadas por las sanciones. Este organismo ha acusado a los sancionados de haber ayudado en los intentos de “acosar y acallar a la sociedad civil y a los medios independientes”. Blinken hace referencia también al plan del régimen de Ortega de “socavar las instituciones y los procesos democráticos en Nicaragua”.
A mediados de junio, la comunidad internacional redoblaba su presión para exigir un cambio de rumbo al régimen de Ortega con la firma de 59 países de Naciones Unidas pidiendo una declaración de condena contra las violaciones de derechos humanos centroamericano y exigiendo la liberación de los opositores detenidos. A la vez, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos daba luz verde a un proyecto de ley —bautizado como RENACER— que impone más sanciones al régimen de Managua, incluida la expulsión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa está en manos del Senado para su aprobación y de lograrlo sería un duro golpe económico para el Gobierno de Ortega.
La ola de detenciones de líderes opositores en Nicaragua. Se produce de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre en las que Ortega, sandinista que retornó al poder en 2007. Busca la reelección por cinco años más. El mandatario ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos, a quien califica de “criminal”.
