Los integrantes del gabinete del presidente Joe Biden que se reunirán el viernes con autoridades de México discutirán cómo establecer un nuevo acuerdo de seguridad que actualice la Iniciativa Mérida, un pacto de US$ 3.000 millones de 2008 que tenía como objetivo la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, dijo este jueves el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
“En cuanto a Mérida, esta es una iniciativa que ha estado vigente por 13 año”, dijo Price a la prensa durante una sesión informativa. “Pensamos que es hora de que se revisen los tratados bilaterales de seguridad. Necesitamos un enfoque que aborde las preocupaciones y las prioridades de ambos gobiernos, y este será unos de los elementos principales en las charlas de mañana”, explicó.
El secretario de Estado, Antony Blinken, viajará el viernes a México con su par de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y con el secretario de Justicia, Merrick Garland, para lo que Estados Unidos califica como el primer diálogo de seguridad de alto nivel entre ambos países.
Price dijo que Estados Unidos espera preservar los “importantes logros” de la Iniciativa Mérida. Aunque dijo que aún no está claro qué forma adoptará el nuevo acuerdo de seguridad, Estados Unidos quiere que responda a la evolución de las amenazas.
“Queremos asegurarnos de que esos logros se mantengan, de que la cooperación se profundice y de que tengamos un enfoque actualizado que tenga en cuenta las amenazas actuales y las que han evolucionado a lo largo de los 15 años en que Mérida ha estado en vigor”, dijo Price.
Un funcionario de alto nivel de la administración dijo que la aproximación al tema de la seguridad sería “equilibrada y sostenible”, y que no se limitaría a los desafíos de seguridad sino a los factores que los crean. Dijo además que Mayorkas estaba comprometido con un “enfoque humano de la gestión de la migración”.
El nuevo acuerdo “nos permitirá aprender de las estrategias de prevención de cada uno, y también nos permitirá establecer juntos las prioridades de aplicación de la ley, incluso con respecto al tráfico y a las armas de fuego, a los narcóticos ilegales, al tráfico y al contrabando de personas, a las extradiciones de criminales y al lavado de dinero y a las finanzas ilícitas”, dijo otro funcionario.
