El otro día, un miembro republicano del Congreso dijo algo de una estupidez épica. No, no me refiero a la advertencia de Marjorie Taylor Greene sobre la “policía gazpacho” de Nancy Pelosi. A quien me refiero es al congresista Thomas Massie, de Kentucky, que tuiteó un original argumento contra la sanidad universal: “Más del 70% de los estadounidenses que murieron con covid, murieron dentro del programa Medicare. ¿Y hay quien quiere #MedicareParaTodos?”
Por abundar en un punto que debería ser obvio, los destinatarios de Medicare han sido particularmente vulnerables a la covid porque, por lo general, sufren de una grave patología previa: la edad avanzada. A lo mejor Massie debería haberse fijado más bien en Canadá, que tiene un seguro de salud de pagador único para todos, que hasta se llama Medicare canadiense. Pues resulta que Canadá ha tenido solo alrededor de un tercio de los fallecimientos por covid per cápita que tenemos nosotros.
Más en general, los canadienses pueden esperar vivir una media de casi cuatro años y medio más que los estadounidenses a pesar de que el gasto sanitario por persona es más o menos la mitad que el de Estados Unidos. En cualquier caso, sean cuales sean sus méritos intelectuales, en la práctica política Medicare para Todos no va a llegar a Estados Unidos en breve. Lo que en realidad está en juego en la arena política son cambios normativos más graduales que, sin embargo, pueden tener una enorme repercusión en la sanidad. Y la división partidista en materia de política sanitaria es tan amplia como siempre.
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La metedura de pata estadística de Massie ha sido un recordatorio de que los republicanos siguen odiando los programas gubernamentales que ayudan a los estadounidenses a pagar la asistencia sanitaria. Me pregunto cuántos votantes se acuerdan de lo cerca que estuvo el Gobierno de Trump de derogar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, una medida que, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, habría hecho que 32 millones de estadounidenses se quedaran sin seguro médico. El intento fracasó solo porque tres senadores republicanos tuvieron el valor de enfrentarse a Donald Trump. ¿Alguien se imagina que vayamos a presenciar una demostración similar de valor si un partido que considera que un ataque violento al Capitolio es un “discurso político legítimo” recupera el control del Congreso y la Casa Blanca?
Más cerca en el tiempo, si este noviembre el Partido Republicano recupera el control de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, es casi seguro que veremos algún retroceso en los principales avances en materia de sanidad que han tenido lugar con el presidente Biden. Ah, ¿que no se ha enterado de esos avances? No me sorprende. La sanidad es uno de los éxitos enormes pero ocultos del primer año de Biden.
La historia hasta ahora: el Obamacare, que se promulgó en 2010 pero no entró en pleno vigor hasta 2014, era y es un poco un artilugio a lo Rube Goldberg. En vez de limitarse a pagar las facturas médicas de los estadounidenses, amplió el programa Medicaid al tiempo que utilizaba normativas y subsidios para fomentar la expansión de los seguros privados. Aunque se quedó muy lejos de la cobertura universal garantizada, dio como resultado una importante reducción del porcentaje de estadounidenses no ancianos sin derecho a la asistencia sanitaria.
Trump, como he dicho, intentó sin éxito revertir este logro. No obstante, presidió un deterioro paulatino de la cobertura sanitaria que probablemente reflejara una estrategia más discreta de sabotaje en múltiples frentes.
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A pesar de esta erosión, el núcleo de la Ley de Atención Médica Asequible permaneció intacto. En 2020, la ley demostró su verdadera utilidad al ayudar (con el apoyo de los programas federales de emergencia) a mantener la cobertura sanitaria a pesar de las enormes pérdidas de empleo.
Y el Gobierno de Biden ha adoptado medidas para reforzar el programa. Ha aumentado su alcance a posibles inscritos, algo que los funcionarios de Trump habían reducido drásticamente, al tiempo que el Plan de Rescate Estadounidense ampliaba de manera sustancial las subvenciones a los ciudadanos que compran seguros en los mercados de atención médica. Según la Encuesta Nacional sobre Seguros de Salud, el porcentaje de estadounidenses no ancianos sin seguro médico se redujo de manera significativa entre el cuarto trimestre de 2020 y el tercero de 2021, con lo cual volvió casi a su mínimo antes de Trump.
Los próximos meses parece que van a ser aún mejores. La inscripción en los mercados de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible se limita a unos meses al año para evitar que la gente espere a ponerse enferma para comprar un seguro. La temporada de inscripción para la cobertura de 2022 está a punto de terminar, y las cifras son un éxito: el número de estadounidenses que se están inscribiendo es más alto que nunca.
Seguiremos sin tener una garantía de asistencia sanitaria universal como la que los demás países avanzados han logrado proporcionar a sus ciudadanos, pero nos estamos acercando.
Por desgracia, este paso adelante se enfrenta a enormes peligros políticos. El plan de rescate prevé solo dos años de aumento de las subvenciones; a menos que los demócratas aprueben rápidamente una prórroga o controlen las dos cámaras del Congreso, las subvenciones no tardarán en desaparecer. Y si los republicanos consiguen el control unificado en 2024, seguramente nos devolverán a la época en la que los seguros de salud solo estaban al alcance de las personas que tenían empleos que les reportaban buenas prestaciones, o un historial médico impecable que las hacía atractivas para las aseguradoras privadas.
Así que espero que la gente se acuerde de lo que estuvimos a punto de perder en 2017 y entienda que, aunque ahora los republicanos no hablen mucho de ello, la sanidad sigue siendo algo a tener muy en cuenta a la hora de votar.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2022. Traducción de News Clips
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