La gestión municipal en México enfrenta desafíos estructurales en transparencia, seguridad pública y equidad de género, según el reciente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). A medida que el país avanza, la situación relativa a la administración pública revela tanto avances como áreas críticas que requieren atención.
En 2024, las administraciones municipales llevaron a cabo un total de 180,053 contratos, de los cuales un alarmante 65.3% se asignaron mediante adjudicación directa, un método que prevalece sobre licitaciones públicas y otros mecanismos. Este predominio es particularmente evidente en áreas como adquisiciones, arrendamientos y servicios, donde el 74.6% de los contratos se otorgaron sin competencia abierta.
En el ámbito de la obra pública, el censo reflejó que más de la mitad, exactamente 52.2%, de los contratos se concedieron igualmente a través de la adjudicación directa, lo que representa un impacto significativo en los recursos destinados a estas iniciativas. Sorprendentemente, Hidalgo lideró este trend con un asombroso 91% de sus contratos otorgados sin licitación, seguido de Chiapas y Zacatecas, donde las cifras también son elevadas.
El monto total de estos contratos ascendió a 305,461 millones de pesos, mostrando un aumento del 28.7% respecto a 2022. Este incremento no solo es notable en términos absolutos, sino también en la distribución de recursos: las adquisiciones y servicios representaron un 30.6%, mientras que la obra pública abarcó el 69.4%.
En lo concerniente a la seguridad pública, el censo indica que aproximadamente el 76% de los municipios cuentan con algún tipo de institución formal de seguridad. No obstante, aún persisten disparidades alarmantes: 403 municipios operan con cuerpos de seguridad comunitarios, y 23 localidades carecen completamente de un sistema institucional para esta vital función.
En los municipios con estructuras formales, 1,574 utilizan exclusivamente cuerpos policiales locales, mientras que 324 combinan sus operaciones con otras autoridades de seguridad. Este modelo mixto refleja la adaptabilidad de los municipios ante diferentes problemáticas de seguridad, aunque resalta la falta de un enfoque uniforme en todo el país.
El censo también evidenció una inquietante disminución del personal de seguridad pública a nivel municipal, que cayó de 175,723 a 166,091 entre 2023 y 2024, marcando una reducción del 5.4%. Desde 2016, el número de elementos había alcanzado su punto máximo en 2020, lo que indica que la tendencia actual podría afectar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en los próximos años.
En cuanto a la equidad de género, se registraron 605 mujeres ocupando presidencias municipales, lo que equivale al 24.9% del total. Este número propone un avance significativo del 7.5% en comparación con 2022. Además, las sindicaturas parecen ser un espacio donde las mujeres están logrando mayor representación, al constituir el 60% de los síndicos en 2024.
A pesar de los desafíos que enfrenta la administración municipal en México, estos datos revelan un panorama en evolución. Las cifras pueden ser desalentadoras, pero también muestran un camino hacia la mejora en áreas críticas como la transparencia y la inclusión. A medida que México sigue avanzando, es imperativo que se fortalezcan estos mecanismos y se promueva un marco más transparente y equitativo en la gestión pública.
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