El primer desafío político para España Vaciada llegó antes de lo previsto. El adelanto electoral en Castilla y León implicó entrar en plazos apremiantes sin margen para estructurar los movimientos ante la cita del 13 de febrero. Algunos, como Soria ¡Ya!, ya iban a concurrir y llevan años de activismo; otros apenas han tenido recorrido en sus provincias. Las formas de crear estos partidos escaman a algunos sectores de España Vaciada que temen que el afán de obtener presencia política les haga “perder credibilidad”.
Cinco de las nueve provincias contarán finalmente con estas siglas en las papeletas: Soria, Palencia, Burgos, Salamanca y Valladolid. Fuentes autonómicas de agrupaciones rurales expresan sorpresa y desagrado ante las candidaturas salmantinas y vallisoletanas. La primera se conoció a finales de 2021 y la segunda el pasado lunes, sin que trascendiera que se hubiera cumplido con el trámite de formalizar un representante antes del 31 de diciembre para cumplimentar las listas el 10 de enero. La candidatura de Cristina Blanco, exedil por Ciudadanos en Medina del Campo y actualmente edil no adscrita, ha generado suspicacias por haber pertenecido a partidos “convencionales”. Tampoco convence en Burgos que Roberto Alonso y Gloria Bañeres, anteriormente concejales en el Ayuntamiento de la capital con UPyD y Cs, formen parte de las listas.
Un miembro autonómico de España Vaciada opina que las prisas generadas por el movimiento del PP les han hecho cometer “errores” que pueden dañar la “filosofía original” de las plataformas. Reconoce cierta “inocencia” por no haber pulido unas normas internas de coordinación, e indica que la asamblea nacional ha intervenido para intentar que las provincias que dudaban si concurrir o no, dieran el paso. El coordinador, Antonio Saz, había insistido en que respetarían la “autonomía” de cada colectivo, pero a su vez advirtió de que aspiraban a contar con representantes en las nueve provincias de Castilla y León. También avisó de que Valladolid estaba preparando candidatura. El balance final muestra que provincias donde las plataformas tenían más fuerza, como León, Zamora o Segovia, han rechazado presentarse para afianzar su proyecto antes de lanzarlo a las urnas. En cambio, aparecen, entre recelos, Salamanca y Valladolid.
Saz entiende que hayan brotado discrepancias y subraya que “lo importante es que hay personas con compromiso de acción política”. “Deberíamos haber sacado candidaturas donde había más implantación, pero no se ha dado el paso”, añade, mientras pide no prejuzgar a los candidatos porque “quienes participan en este proceso van a dar la cara por todos”. La experiencia que puede faltar en estas plataformas se intenta cubrir con el bagaje de “perfiles con pasado político”.
La envergadura del reto, que mira hacia las elecciones municipales y generales previstas para 2023, con el ejemplo de Teruel Existe, indigna a un sector que lleva años de dedicación silenciosa a los problemas de sus territorios. Uno de los críticos expone: “Te juegas mucho haciendo esto mal”. “Ha sido todo muy desagradable. Hay gente muy molesta porque se ha primado el interés sobre la coherencia”, añade este activista que teme que las “maquinarias engrasadas de los partidos grandes” aprovechen esa debilidad para desprestigiar la “credibilidad” cosechada tras años de patear pueblos y clamar en el desierto de las instituciones.
Sergio Díez, parte de León Ruge, admite que de igual manera que la revuelta de la España Vaciada en 2019 atrajo a muchas personas y colectivos, acordar en Priego (Cuenca) que las plataformas pudieran participar en política dio otro empujón a la popularidad del movimiento: “Esto ha corrido demasiado hasta para nosotros”. Este leonés reconoce “los riesgos” de presentar estas candidaturas repentinamente, pero piensa que “el movimiento está en expansión” y que, pese a las críticas, las candidaturas de Valladolid y Salamanca “son un llamamiento para crear base y llegar a quienes quieren participar”. Una de las pocas plataformas adscritas a la España Vaciada en la provincia vallisoletana, A11 Pasos, en Peñafiel, renunció a intentar colarse en las instituciones. Alicia del Pozo, una de sus integrantes, acepta que el objetivo era “tener representación”, pero añade que puede parecer que “algunos se han subido al carro”, porque ni su asociación tenía constancia de que estas personas, a quienes no conocían, podrían acabar formando este grupo. “Las urnas y el tiempo dirán si son oportunistas o si tienen ganas de trabajar”, zanja.
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