En otros años, las calles del centro de Hong Kong en un 1 de julio estarían copadas por una gran marcha de protesta, la mayor del año. Decenas de miles de personas desfilarían a lo largo de sus avenidas más comerciales y de las oficinas más emblemáticas en nombre de casi cualquier causa, desde los cultivos orgánicos a los altos precios de la vivienda. Pero, sobre todo, y especialmente en los últimos años, contra el Gobierno autónomo, contra Pekín, y en favor de las libertades en el enclave.
Esta vez, en cambio, ondean por las mismas calles más banderas rojas -la nacional de China, o la de la hoz y el martillo amarilla del Partido Comunista, que este jueves cumple 100 años- que nunca, y aquella manifestación ya parece solo cosa del pasado. Se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la temida ley de Seguridad Nacional.
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Desde la promulgación de esa medida en la Asamblea Nacional en Pekín, el 30 de junio de 2020, han sido detenidas 117 personas por cargos contemplados en ella, de las que al menos 64 han sido acusadas formalmente. El principal periódico de oposición, el Apple Daily, ha cerrado debido a las presiones recibidas. Cerca de una cincuentena de los principales activistas y políticos prodemocracia que participaron en unas elecciones primarias informales se encuentran en la cárcel, mientras que aquellos aún en libertad han optado por mantener sus actividades y declaraciones públicas al mínimo. Miles de personas han optado por el exilio.
Sus efectos comenzaron a notarse de inmediato. Había sido aprobada con una celeridad poco habitual, para poner fin a un año de protestas masivas contra Pekín en el enclave. Las autoridades en Hong Kong habían asegurado que no tendría efectos retroactivos. Solo afectaría, declaraba entonces la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, a un número muy pequeño de personas.
