El año final de López Obrador termina con 65.000 millones de pesos en gasto público sin aclarar.

La Auditoría Superior de la Federación ha revelado cifras alarmantes en su último informe sobre el gasto público correspondiente a 2024, justo al inicio de un nuevo año fiscal. Un total de 65.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 3.800 millones de dólares al tipo de cambio actual, permanecen “por aclarar”, marcando un evidente desafío para la transparencia en el manejo de recursos públicos. Este informe, presentado ante la Cámara de Diputados, se convierte en un análisis crucial del último año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

David Colmenares, actual auditor, destacó que se realizaron 2.264 auditorías, la cifra más alta en la historia de la institución. Sin embargo, su gestión ha enfrentado múltiples críticas, particularmente por la oposición y diversas organizaciones civiles, que han señalado su cercanía con el partido en el poder, Morena. Este punto se ha visto reflejado en una disminución notoria en las denuncias interpuestas ante las fiscalías por el desfalco de recursos, lo que ha generado inquietud sobre la efectividad y autonomía de la Auditoría.

Las entidades fiscalizadas, que incluirán una variedad de instituciones y proyectos, tienen un mes para presentar la documentación que respalde la correcta utilización de estos fondos. En los próximos cuatro meses, la Auditoría tendrá que emitir un dictamen sobre si se logro o no demostrar que el dinero fue ejecutado adecuadamente.

Focalizando en los expedientes del Gobierno, se destaca que a la Cuenta Pública 2024 le restan por aclarar 673 millones de pesos, principalmente de instituciones como el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. El Consejo, por ejemplo, reporta 272 millones de pesos sin un destino claro, derivados de deficiencias en documentación relacionada con servicios esenciales y un litigio que involucra la adquisición de casi 9.000 equipos.

La Secretaría de Marina también se encuentra en la mira, con 108 millones de pesos destinados a obras que, según la auditoría, no se han ejecutado. Un caso emblemático es la construcción del Sector Naval y Batallón de Infantería de Marina número 34 en Nayarit, donde las obras pagadas no se han realizado.

En el ámbito del Desarrollo Económico, se encuentran 3.700 millones de pesos sin justificar, de los cuales 1.700 millones están concentrados en Pemex relacionados con pagos en campos petroleros no comprobados. Por otro lado, la categoría de Desarrollo Social presenta más de 1.400 millones de pesos que también requieren aclaración, abarcando áreas de salud, educación y medio ambiente.

Sin embargo, el mayor porcentaje de las inquietudes reside en el gasto federalizado, donde 59.000 millones de pesos son objeto de dudas relacionadas con municipios, universidades y fiscalías locales. En particular, el Estado de México destaca con más de 13.000 millones de pesos, muchos de los cuales se atribuyen a los municipios, incluyendo la zona del Valle de Chalco, que recientemente sufrió impactantes inundaciones.

Este panorama se presenta como un crucial llamado a la rendición de cuentas y la necesidad de garantizar que los recursos públicos se administren de manera responsable y transparente. La auditoría está lejos de ser solo un procedimiento burocrático; es, en cambio, un imperativo para asegurar que el dinero destinado al bienestar colectivo se gestione adecuadamente y que las instituciones rindan cuentas en todas sus acciones.

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