El video encierra todo lo que un Estado de derecho debe repudiar. El líder de una organización criminal que amenaza de muerte a una periodista y desafía el ejercicio libre de la información. Una puesta en escena que es en sí una exaltación de la violencia en uno de los países más mortíferos para la prensa. Y un mensaje inconcebible que evidencia la inseguridad que sufren los comunicadores o quien se interponga en el camino de esta banda de narcotraficantes.
El ataque contra el periodismo lanzado este lunes por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Supone un giro de tuerca en un clima en el que las agresiones y las amenazas contra los medios ya son parte de la rutina. La escalada ha elevado la presión de organizaciones de derechos humanos y de la profesión sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se comprometa con la protección de los informadores.
Las muestras de apoyo con Azucena Uresti, de Grupo Multimedios, abiertamente amenazada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, capo del cartel, han sido unánimes. Pero la preocupación por este episodio debe interpelar en primer lugar a las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción. El trabajo de Uresti y de los periodistas que informan en territorios donde operan mafias dedicadas al narcotráfico como el Estado de Michoacán requiere un plan de seguridad concreto inmediato, prevención y una visión a largo plazo. Es lo que, en esencia, plantean varios organismos dedicados a la defensa de la libertad de prensa y el llamamiento de algunos de los principales medios mexicanos, que a través de un comunicado conjunto han exigido “salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales” y reclaman al Gobierno una condena sin matices.
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Este martes el presidente ha manifestado su solidaridad con Uresti y ha asegurado que ya ha dado instrucciones para que se la atienda. “Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos”, ha dicho. “No está sola”. El coordinador de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez, había prometido antes que el Ejecutivo tomaría “medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados” y ha asegurado que “las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”. El Gobierno, sin embargo, no ha detallado aún su plan. Mientras tanto, crecen las peticiones para que el Estado actúe con celeridad.
La organización Artículo 19 ha comunicado que está documentando el caso y ha dejado claro que “rechaza las amenazas atribuidas al grupo delictivo CJNG”. “Exigimos a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a los integrantes de los medios así como a Azucena Uresti y a sus familiares. Además, urge a la Fiscalía General de la República investigar de forma diligente y con perspectiva de género las amenazas”, agrega el organismo, que el año pasado contabilizó 692 agresiones contra la prensa. En los últimos 14 años, los episodios son casi 5.000.
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En absoluto se trata de un fenómeno nuevo, pero la tendencia es muy preocupante porque ha ido en aumento. El Gobierno de López Obrador afronta una nueva guerra del narco, sobre todo el norte del país, pero el Cartel Jalisco Nueva Generación y El Mencho, que ha amenazado también a Televisa, Milenio y El Universal por su cobertura, representan uno de los eslabones criminales más peligrosos para los informadores y para la sociedad mexicana.
“El aumento año con año de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervención que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz de la mutación en los patrones de agresión y de la identificación de las causas que generan este tipo de agresiones”, señala el último informe de Artículo 19, que se pregunta. ¿Se trata de ineficiencia institucional o de falta de Estado de Derecho?
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Reporteros Sin Fronteras (RSF) constata en su balance anual, que “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos del mundo para los medios”. “A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles”, denuncia la organización. Hace poco más de un mes, a finales de junio, dos periodistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Oaxaca y en el Estado de México. Uno de ellos, Gustavo Sánchez, había sufrido una agresión hace un año. Fue integrado en el Mecanismo de Protección de Periodistas, pero cuando fue baleado no contaba con esquema de seguridad.
Este es solo uno de los casos más recientes. Y a esto se añade un clima de creciente descrédito de los periodistas alentado también por las autoridades. El espacio bautizado como Las mentiras de la semana durante las conferencias de prensa matutinas del presidente, en el que se señala a los informadores con nombres y apellidos, hizo saltar las alarmas de varios organismos internacionales desde que fue estrenado, el pasado mes de julio.
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Lo urgente ahora es, incide Reporteros Sin Fronteras, justo lo contrario. Esto es, que el Gobierno se implique en la protección de los comunicadores. “El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad”, recuerda el organismo, que además advierte, como ocurre en otros países de América Latina, de que “los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son perseguidos de manera regular”. Este es un problema estructural de los territorios rurales, a menudo los más afectados por las organizaciones de narcotraficantes. Y, coincide la profesión, esta debe ser la prioridad del Gobierno.
