La Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ya han llegado a una conclusión: Pablo Pradillo, el jefe de División que cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la propia compañía pública, cometió una “falta muy grave”, pero se descarta cualquier sanción porque habría “prescrito”. Así consta en las conclusiones de sendos informes internos elaborados por ambos organismos, a las que ha tenido acceso Columna Digital, que desveló este caso el pasado mayo.
“Se ha producido una situación de incompatibilidad por parte de un empleado público, que pudiera ser constitutiva de falta muy grave, que no ha sido sancionada al considerarse prescrita”, dice un informe firmado por Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y actual director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Pradillo, hijo del gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, ayudó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco, a “preparar la oferta” que ganó el proyecto para la conservación, mantenimiento y adecuación de unas cocheras en el madrileño barrio de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento pagó cinco millones de euros (sin contar el IVA).
El jefe de División ha admitido que recibió cinco pagos entre 2019 y junio de 2021 por un valor de más de 150.000 euros. Según ha relatado, Inesco contactó con él para pedirle ayuda y negociaron que cobraría un 3% del importe del proyecto. El dinero lo facturó a través de Mansaluve, una empresa que creó para el montaje de una yogurtería en Málaga y que después reconvirtió en asesoría.
Pradillo defiende que su actuación siempre se desarrolló dentro de la normativa porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de licitación del proyecto. Había salido temporalmente de la EMT en diciembre de 2018 tras cerca de una década como jefe de la División de Construcción de Infraestructuras. Pero, justo unas semanas después, la Empresa Municipal de Transportes culminó su proyecto para la obra de las instalaciones de las cocheras de Fuencarral, fechado en enero de 2019, que salió a concurso en marzo y se adjudicó en junio de ese año.
La Dirección General de Función Pública, consultada por la EMT para el expediente administrativo abierto a Pradillo, ha echado por tierra la excusa del trabajador. Dicho organismo ha concluido que la ayuda que prestó a la constructora (y los pagos que recibió de ella) es “incompatible” con su cargo en la Empresa Municipal de Transportes. Es más, aunque en el momento de los hechos se encontraba fuera de la compañía pública tras llegar a un acuerdo para suspender temporalmente su contrato, existía el compromiso de que después “reingresaría” en la misma.
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“La situación expuesta en el informe de conclusiones [de la EMT] remitido, así como la documentación anexa al mismo, pone de manifiesto una situación de riesgo de conflicto de intereses”, ahonda el director de la Oficina Anticorrupción. El antiguo fiscal general del Estado, pese a que ha archivado su investigación paralela tras recoger la tesis de la prescripción expuesta por la dirección de la EMT, también ha instado al Ayuntamiento a adoptar los “debidos controles para que esas situaciones de incompatibilidad y prescripción no se produzcan”.
El plazo de prescripción
En su expediente, la propia EMT llega a la conclusión de que Pradillo ha incurrido en una “falta muy grave” prevista en el convenio laboral, que se castiga “con 15 a 60 días de suspensión de empleo y sueldo, o incluso con el despido”. Sin embargo, la empresa afirma que no se puede hacer nada contra el jefe de División. Según expone, estas irregularidades prescriben a los 60 días desde que la compañía “tuvo conocimiento de su comisión” o, “en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. Y la Empresa Municipal, presidida por el PP, comienza a contar el plazo en 2019, cuando “habrían ocurrido” los hechos. Aun así, Pradillo recibió su último pago en junio de 2021 y se reincorporó a su puesto en agosto de ese año. En ese momento, la EMT “era conocedora” de su relación con la UTE, según afirmó Pradillo a eldiario.es.
El principal partido de la oposición, Más Madrid, considera que el equipo de José Luis Martínez-Almeida (PP) nunca ha tenido ningún interés en actuar contra Pradillo, que ha arrastrado los pies y que solo abrió el expediente informativo tras verse forzado a ello por el escándalo. De hecho, el Consistorio tardó una semana en ponerlo en marcha. Columna Digital publicó la exclusiva el 3 de mayo, pero la Administración no arrancó su investigación interna hasta siete días después. Además, los populares lo hicieron tras poner primero en duda la información y echar la culpa al Gobierno anterior de Manuela Carmena (Más Madrid), y después de que la propia Oficina Anticorrupción iniciase antes por su cuenta otras pesquisas y les reclamase información sobre la adjudicación bajo sospecha.
A continuación, el Ayuntamiento optó por extender un manto de silencio sobre el caso y, durante meses, apenas ha facilitado información a los consejeros de la EMT, que han reclamado sin éxito poder acceder al expediente sobre Pradillo.
Petición de dimisión
Columna Digital también desveló en junio las declaraciones ante un juez de dos altos cargos de la Empresa Municipal de Transportes —el gerente, Alfonso Sánchez; y el director de Infraestructuras, Gonzalo Fernández—, donde se les preguntaba directamente por los pagos a Pradillo. El interrogatorio a ambos se produjo el 17 de febrero de 2022, casi tres meses antes de conocerse el escándalo públicamente. Por ello, Más Madrid ha pedido la dimisión del gerente: denuncia que se ha “demostrado” que la cúpula política de la empresa pública sabía del pago al jefe de División mucho antes de publicarse en la prensa, pero no hizo nada.
Ahora, una vez concluidas la investigación de la Oficina Anticorrupción y el expediente interno de la EMT, queda por ver si el Gobierno de Almeida mueve ficha y va más allá, como dijo que haría. El pasado mayo, después de que Columna Digital publicase la primera información, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad y Transportes, Borja Carabante, aseguró que acudiría a la Fiscalía si se demostraban “indicios de alguna irregularidad”.
El jefe de División ya fue sancionado en 2018
Pablo Pradillo es un antiguo conocido en la EMT. No solo porque su apellido se encuentra íntimamente vinculado al PP de Madrid, sino porque su última etapa en la Empresa Municipal de Transportes ha resultado muy convulsa.
Este ingeniero de Caminos se licenció en 2003 por la Universidad Alfonso X y, apenas cinco años después, ya entraba en la compañía pública directamente con la catégoría de jefe de División. En aquel momento, los populares gobernaban con mayoría absoluta en el Gobierno autonómic y en el Consistorio. Y su padre, José Manuel Pradillo, era el gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, además de un hombre de confianza de Esperanza Aguirre. “No me he podido jubilar antes porque Aguirre no me dejaba”, dijo cuando dejó el cargo en 2012.
Durante una década, Pablo Pradillo desarrolló su labor en el departamento de Construcciones e Infraestructuras de la EMT. Pero, en 2018, se produce un primer incidente que lo cambia todo: la empresa decide sancionarlo como autor responsable de una “fatal muy grave”, con la sanción de 60 días de suspensión de empleo y sueldo, por gestionar de forma incorrecta una obra en unas cocheras de autobuses. Después, en junio de ese mismo año, decidieron cambiarlo de área y pasó al Servicio de Consultoría.
Ese fue el puesto que dejó cuando, a finales de año, pactó con la compañía (entonces presidida por Más Madrid) su salida temporal de la EMT. Pradillo lo llama “baja voluntaria”. Pero realmente fue una “suspensión del contrato por un periodo de 3 años”. Un plazo que no llegó a cumplir. El 26 de agosto de 2021, ya con el PP de nuevo a los mandos del Ayuntmiento, regreso a la empresa.
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