Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador calificaba este lunes el rechazo legislativo de la reforma eléctrica como “traición a la patria”, para la oposición lo sucedido en la votación del domingo ha significado un “parteaguas”. El batacazo de una de las iniciativas estrella del mandatario augura un complejo futuro para el resto de reformas constitucionales que pretende lograr el partido en el Gobierno: la electoral y otra sobre la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Morena y sus aliados no podrán sacar adelante las normas sin acuerdos previos, pues ya no cuentan con el control total de las cámaras, y las descalificaciones políticas tras la última votación han tensado aún más cualquier escenario de negociación.
Así como el presidente hizo de la reforma eléctrica una apuesta casi personal, con repercusiones profundas en el sector energético —en esencia, la devolución de la gestión mayoritaria del mercado a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, ha promocionado de manera similar el resto de reformas que se esperan para lo que queda de su mandato (hasta 2024). Aunque todavía no se han enviado las propuestas a los órganos legislativos, López Obrador ha dado a través de sus conferencias de prensa algunas pistas sobre sus intenciones en materia de renovación de la ley electoral y de la consolidación de la Guardia Nacional como un cuerpo castrense. Los dos temas clave que amenazan con polarizar aún más el tablero político.
Su animadversión hacia un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros —sobre el cual pesa, según él, el lastre del presunto fraude electoral que le arrebató la primera oportunidad de ser presidente del país, en 2006— ha escalado desde que tomó el poder en 2018 hasta tocar el punto más álgido por la organización de la consulta de la revocación de mandato del pasado 10 de abril. La relación ya complicada entre el organismo y el presidente se enredó por un tema de presupuesto y acabó con una pelea en los tribunales que obligó al INE a organizar el referéndum con los recursos de los que disponía. La participación del 40% necesaria para que fuera vinculante no se logró, pero más de 15 millones de mexicanos votaron a favor de que López Obrador continuara su mandato hasta el final.
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