El campanario es del pueblo. El sentir que muchos vecinos de Benicarló expresaban por las calles de la localidad castellonense hace nueve meses, con motivo del juicio sobre la propiedad de la torre exenta, ha sido refrendado por la justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de la cercana Vinaròs ha dado la razón al Ayuntamiento de Benicarló en su demanda contra el Obispado de Tortosa, que en 2015 la inscribió en el Registro de la Propiedad como parte de la popular iglesia de Sant Bartomeu.
La sentencia reconoce la propiedad municipal del campanario barroco de 37 metros de altura y de la vía pública que lo separa del templo (por lo que recibe la denominación arquitectónica de torre exenta), según afirma el Consistorio presidido por la socialista Xaro Miralles. El fallo señala que tanto el uso como el mantenimiento del edificio han sido responsabilidad del Ayuntamiento “sin oposición por parte del Obispado”. “Su uso y mantenimiento han ido a cargo del Ayuntamiento, lo que demuestra su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años”, añade la sentencia. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Castellón en un plazo de 20 días.
La restauración del templo
La jueza considera relevante el hecho de que durante la restauración del templo, con motivo de la muestra de la Fundación de La luz de las imágenes “no se incluyó el campanario porque no era propiedad de la Iglesia”, apunta el Ayuntamiento de la ciudad de 28.000 habitantes. La Luz de las Imágenes fue un programa expositivo financiado por la Generalitat, gobernada por el PP, que se desarrolló entre 1999 y 2014 con el objetivo principal de restaurar, promover y exhibir el patrimonio eclesiástico valenciano, desde las iglesias hasta sus obras de arte. La jueza considera acreditado tanto el requisito de identificación como el título de dominio, agrega.
La alcaldesa de Benicarló ha manifestado su satisfacción por la sentencia que “demuestra lo que siempre habíamos asegurado desde el Ayuntamiento y confirma que la ciudad de Benicarló es la propietaria legítima del campanario”. Xaro Miralles ha agradecido a todas las personas que, “desde el primer momento ha dado apoyo a la demanda, desde los grupos políticos municipales” [todos la respaldaron] y los exalcaldes hasta los técnicos municipales, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benicarló y el historiador Juan Luis Constante, autor del informe pericial.
Carles García
Párroco de la iglesia Sant Bartomeu, ha explicado esta tarde a este periódico que es el Obispado de Tortosa el que ha de tomar la decisión de recurrir la sentencia de primera instancia y no ha querido avanzar ninguna posibilidad. Sí ha incidido en que la relación con el Ayuntamiento, separado apenas unos metros del templo, es excelente. Una voz grabada responde en el teléfono del Obispado que el horario de atención es de 10 a 14 horas. En febrero, un portavoz del Obispado manifestó a este diario sobre el litigio: “Lo hemos hecho todo con arreglo a la ley, y si hemos hecho algo mal, pues ya lo dictaminará el tribunal”.
La actual alcaldesa se encontró con un edicto del Registro de la Propiedad en 2015 nada más asumir el cargo. Se notificaba que el obispado había inscrito a su favor una finca con un certificado catastral que incluía la iglesia de Sant Bartomeu y también el campanario, levantado a principios del siglo XVIII, junto al templo (que data de la misma época), pero no pegado ni conectado a él. Los partidos con representación municipal, el PSPV-PSOE, Compromís, el PP y Ciudadanos. Aprobaron por unanimidad presentar la demanda ante la inesperada notificación, tras reunirse con el obispado para intentar buscar infructuosamente una solución. El objeto de discusión era la propiedad, no el uso compartido.
La Iglesia española inmatriculó (registró por primera vez) en España un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015, gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, del PP. Son 20.014 templos o dependencias complementarias y 14.947 fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, según el informe, enviado por el Gobierno al Congreso el pasado mes de febrero.
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