La revocación de mandato, un mecanismo de participación ciudadana impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó como una herramienta para que el pueblo pudiera solicitar la conclusión anticipada del mandato de cualquier funcionario, principalmente del Poder Ejecutivo, en caso de pérdida de confianza. Sin embargo, la complejidad de los requisitos y las limitaciones existentes hacen que este proceso sea más simbólico que efectivo, llevando a muchos a cuestionar su viabilidad.
El 10 de abril de 2022 marcó la primera vez que se llevó a cabo una consulta de revocación de mandato en México, en línea con los principios de la Cuarta Transformación de López Obrador, que sostiene que “el pueblo pone, el pueblo quita”. Sin embargo, aunque el proceso parece prometedor, está lleno de “candados” que dificultan su éxito.
Actualmente, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados promueve una reforma constitucional que busca modificar las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato. Esta propuesta permitiría que la revocación se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2027, lo que podría ser interpretado como una estrategia para sincronizar campañas y promover candidaturas desde el Palacio Nacional, un punto de crítica señalado por la oposición.
Claudia Sheinbaum, actual presidenta y figura destacada del apoyo a este mecanismo, ha expresado su respaldo a la iniciativa, argumentando que optimizaría recursos públicos al adelantar el proceso a 2027. A pesar de su apoyo, Sheinbaum también ha hecho un llamado a someter la propuesta a un debate público, sugiriendo que no debe aprobarse apresuradamente.
El potencial para que otros mandatarios se sometan a este mecanismo también ha emergido. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, ha manifestado su intención de convertirse en el primer mandatario estatal en someterse a la revocación en 2026. Sin embargo, este deseo enfrenta un umbral riguroso: se requieren al menos 236,529 firmas de apoyo, que equivalen al 10% del padrón electoral del estado, además de cumplir con requisitos específicos de distribución y tiempo.
El periodo para la recolección de firmas en Hidalgo se establecerá del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2025, con la entrega final prevista para el 5 de diciembre de ese mismo año. De lograrse el número necesario de apoyos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo informará el 5 de enero de 2026 sobre la procedencia de la consulta.
Sin embargo, la realidad actual muestra una preocupante baja en la participación ciudadana, en gran parte debido a la escasa difusión del mecanismo y la falta de logística de quienes lo promueven. Con el tiempo corriendo en contra, la revocación de mandato en Hidalgo podría desvanecerse, permitiendo que el gobernador continúe en su puesto a pesar de las críticas sobre su administración, que ha sido señalada por no cumplir con las promesas de cambio radical en la política local y por operar con figuras del antiguo régimen tricolor.
La revocación de mandato, por tanto, se enfrenta a un escenario complicado: el deseo de adaptación a una nueva forma de ejercicio político se encuentra con las realidades de procedimientos engorrosos y una ciudadanía desinformada. Esto plantea un desafío importante para la democracia en el país, que aún debe equilibrar el deseo de participación con la efectividad de sus mecanismos.
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