El resultado del informe sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se está utilizando como instrumento político aclaró el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien reiteró que de acuerdo a las conclusiones se trató de un crimen de Estado del sexenio anterior, donde hay muchas personas involucradas en la comisión y omisión de delitos.
Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Segob), en la conferencia diaria de Palacio Nacional.
Encinas defendió el reporte, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”.
También calificó de “absolutamente falso” el que el informe sobre Ayotzinapa no diga “nada nuevo” y que solo se basa en una fuente de información.
Enunció que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se basa en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, además de 115 testimonios.
El subsecretario rechazó que el informe sea igual a la “verdad histórica”, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia) en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.
Sobre el ataque contra los estudiantes, Encinas señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.
Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas.
“¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas”, dijo.
Para este viernes, familias y activistas han convocado una marcha multitudinaria a un mes de que se cumplan 8 años, el 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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