De ayudar a la justicia en el caso Púnica a ser imputadas por siete de delitos por presuntamente boicotearla. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como investigadas a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro a las que la Fiscalía Anticorrupción acusa de ocultar documentación clave sobre los supuestos amaños urbanísticos en esta localidad del sur de Madrid cometidos por la trama presuntamente encabezada por el exconsejero del PP Francisco Granados.
En un escrito, Anticorrupción destaca que una de ellas, Montserrat P. G., jefa de los servicios de urbanismo del Consistorio, “se erigió en interlocutora en nombre del Ayuntamiento de Valdemoro con el equipo policial de la causa, a los efectos de ser ella la que proporcionase la documentación”. La sospecha es que, en realidad, lo que ha hecho ha sido “privar a la causa de parte de la información que la incriminaba a ella y a su compañera”. Esta funcionaria había declarado al principio de la investigación como testigo y había denunciado ante el juez que instruía entonces la causa, Eloy Velasco, supuestas presiones de los principales implicados en la trama.
La Fiscalía destaca
Esta actitud de ambas “ha impedido poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, por lo que ahora ha solicitado al juez que, además de interrogarlas como imputadas, prorrogue otros tres meses la investigación, que debía haber terminado el pasado 29 de enero. Está previsto que una de ellas declare este martes. Anticorrupción acusa a ambas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documentos, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La imputación se produce más de siete años después de las primeras detenciones del caso.
La imputación de las dos funcionarias
Se produce en la pieza número 4 del macrosumario del caso Púnica, en el que se investiga las actividades de la trama en Valdemoro a partir de 1999, cuando Francisco Granados se hizo con la alcaldía “dispuesto a enriquecerse”, destaca Anticorrupción en el escrito. Desde entonces e, incluso, cuando ya había abandonado el puesto para ocupar una consejería del Gobierno regional liderado por Esperanza Aguirre, el político presuntamente “habría abusado del poder que tenía” para impulsar diversas actuaciones urbanísticas “como mecanismo de enriquecimiento personal, dejando de lado el interés general”. Entre ellas, la venta de parcelas públicas por debajo de su valor real, recalificaciones de terrenos rústicos adquiridos por otros implicados y la manipulación del plan general de ordenación del municipio. Todo ello, a cambio de “ingentes comisiones […] en severo detrimento de las arcas públicas del Ayuntamiento”.
En estos supuestos amaños, Anticorrupción considera que Granados contó presuntamente con el apoyo tanto de su mano derecha en el Consistorio, el concejal del PP José Luis Moreno Torres ―que luego le sustituiría como alcalde― como de los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza, todos ellos imputados, así como “con el respaldo y asesoramiento de técnicos municipales”. Dos de ellos, el arquitecto municipal y el jefe de contratación ya fueron imputados. Ahora, la Fiscalía extiende las sospechas a otros dos, Montserrat P. y su compañera María R. F., técnica de urbanismo.
La imputación de ambas
Según el informe que ha desembocado en la imputación de ambas, “el Ayuntamiento ha venido desatendiendo sistemáticamente los requerimientos” de documentación sobre distintas operaciones urbanísticas que iban haciendo tanto el magistrado, como la Guardia Civil, los peritos judiciales y la propia Fiscal durante la investigación. “Los convenios presuntamente ilícitos que firmó el Ayuntamiento con empresas de la trama han sido entregados incompletos y carentes de los informes técnicos”, destaca en su escrito el Ministerio Público.
Pese a estas carencias en la documentación, los investigadores localizaron finalmente informes técnicos de una de las operaciones urbanísticas bajo sospecha que “han permitido profundizar en el conocimiento de los hechos y delatado que [las dos funcionarias] también habrían ocupado un rol nuclear en los hechos indiciariamente delictivos”. En concreto, el informe de Anticorrupción hace hincapié que ambas tuvieron una “intervención proactiva” y que, incluso, asesoraron a la trama, además de emitir informes favorables presuntamente mendaces “para que la trama pudiese consumar los ardides diseñados, en perjuicio de las arcas del Consistorio”. Entre estas irregularidades, la Fiscalía destaca siete cometidos entre 2007 y 2011 que permitieron a los constructores implicados, entre otras irregularidades, construir en espacios libres municipales las piscinas de algunas urbanizaciones o repartirse “a la carta” la vivienda protegida del municipio.
Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas ―fueron iniciadas por la Guardia Civil en febrero de 2014 y las primeras detenciones se realizaron en octubre de aquel año―, Anticorrupción considera que al menos dos de los supuestos delitos cometidos por ambas funcionarias, los de prevaricación y malversación de caudales públicos, no habrían prescrito hasta 2026, ya que fueron cometidos de manera continuada entre los años 2000 y 2011.
Robos, pérdidas y traspapeleos
No es la primera vez que la investigación del caso Púnica se ve obstaculizada por la desaparición o destrucción de documentación. En noviembre de 2014, pocos días después de que se produjeran las detenciones, la Guardia Civil descubrió al entonces alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, mientras se llevaba cajas de documentación de su despacho. Meses después, en abril de 2015, fue imputada una funcionaria del Ayuntamiento de Valdemoro, estrecha colaboradora de Granados, acusada de un delito contra la Administración de Justicia por ordenar presuntamente a varios trabajadores del consistorio, entre ellos uno con discapacidad psíquica, destruir en una trituradora de papel gran cantidad de escritos.
En marzo de 2016, la entonces alcaldesa de Moraleja de Enmedio, otro de los municipios salpicados por la trama, denunció tres episodios sospechosos de destrucción y desaparición de información que afectaba a su antecesor en el cargo, imputado en el cargo. En julio de 2017, la sociedad pública Arpegio, Nuevo Arpegio, encargada de la gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, comunicó a la Audiencia Nacional que había “traspapelado” unos contratos que le reclamaba el juez del caso Púnica.
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