El crimen organizado ha evolucionado significativamente en su operativa, utilizando herramientas modernas como criptomonedas y encriptación. Este cambio ha llevado a gobiernos, incluido el mexicano, a reforzar sus capacidades tecnológicas y legales para combatir actividades delictivas, aunque con un alto costo en términos de la privacidad ciudadana.
Recientemente, el Congreso de México aprobó un paquete de reformas que modifica leyes sobre protección de datos personales, introduce la CURP biométrica y ajusta la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Antilavado. Estas reformas buscan modernizar al Estado frente a cárteles mejor equipados que muchas instituciones dedicadas a la justicia. Sin embargo, a pesar de estas intenciones, la confianza en estas medidas se ha visto ensombrecida por la desaparición del INAI y el IFT, dos organismos autónomos encargados de supervisar el uso de datos y telecomunicaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el uso de datos biométricos será voluntario y que las intervenciones en comunicaciones necesitarán una orden judicial. Sin embargo, la historia de espionaje del Estado mexicano, que incluye la intervención de llamadas y correos electrónicos, genera inquietud. Herramientas como Pegasus, utilizadas para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, siguen bajo control del Ejército, lo que plantea interrogantes sobre su uso actual.
Los recientes cambios legales también han modificado aspectos fundamentales, como el consentimiento para el uso de datos personales, que ahora puede considerarse tácito. Esto, junto con la falta de claridad en los avisos de privacidad, plantea riesgos significativos. Plataformas como Llave MX, que almacenan información biométrica sensible, operan sin supervisión independiente, lo que podría resultar en filtraciones de información y consecuencias devastadoras, tal como ocurrió en 2015 con la difusión del padrón electoral.
La necesidad de reformas es innegable; el crimen organizado exige respuestas legales efectivas. No obstante, este proceso debe realizarse sin comprometer los derechos ciudadanos. La historia ha demostrado que, en ausencia de controles sólidos, el poder puede desviarse fácilmente. Así, el equilibrio entre la seguridad y la libertad no se logra solo con buenas intenciones, sino con claros límites y garantías institucionales.
El dilema es palpable: ¿qué grado de privacidad estamos dispuestos a sacrificar en aras de la seguridad? Esta respuesta debe considerar el riesgo dual que enfrentamos: por un lado, el crimen organizado, y por otro, el potencial descontrol del Estado. Defender la privacidad no es un obstáculo para la justicia; al contrario, es esencial para garantizar su legitimidad. Sin privacidad, la ciudadanía pierde su esencia, y sin límites al poder, cualquier herramienta destinada a la protección puede convertirse en un peligro en manos erróneas.
Esta información proviene de la fecha de publicación original (2025-07-10 00:15:00) y es importante tener en cuenta que el contexto político y legal podría haber evolucionado desde entonces.
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