Si el petrismo pierde en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, se anticipa un escenario de caos y desestabilización similar al de otros países latinoamericanos que han enfrentado crisis políticas en años recientes. La extrema izquierda podría optar por abandonar cualquier semblanza de participación democrática, recurriendo a estrategias como el bloqueo, la sublevación y lo que se ha denominado un “estallido social” como formas de presión constante. Este patrón busca retornar el país a un estado de ingobernabilidad, fomentando una crisis múltiple que amenace la estabilidad del gobierno no alineado con sus ideologías.
Los colombianos deben estar preparados para afrontar un contexto similar a eventos recientes en la región: el estallido chileno de 2019 contra Sebastián Piñera, las manifestaciones en Colombia en 2021 contra Iván Duque, y los bloqueos en Ecuador que han doblegado a líderes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso. También se puede observar la tradición de las movilizaciones en Argentina, que han desafiado a Javier Milei, así como el bloqueo de sectores afines a Evo Morales en Bolivia, tras décadas de socialismo en el poder.
El impacto de dichos movimientos recae directamente sobre la ciudadanía. Los bloqueos de vías con frecuencia resultan en alimentos que se echan a perder, medicinas que no llegan y una economía que se contrae, castigando especialmente a los más vulnerables. En este sentido, el bloqueo, que a menudo es presentado como protesta, se convierte en la destrucción de riqueza, afectando a las comunidades que supuestamente busca defender.
Algunas democracias han demostrado que se puede proteger el derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, evitar el sabotaje. Por ejemplo, en 2022, Canadá hizo frente a un bloqueo que paralizó el comercio por valor de 360 millones de dólares diarios con Estados Unidos. En lugar de negociar bajo presión, el gobierno invocó la Ley de Emergencias, despejando los accesos y sancionando a los responsables en pocos días.
De manera similar, Australia ha implementado medidas severas en Nueva Gales del Sur, donde bloquear infraestructura clave sin permiso puede resultar en penas de hasta dos años de cárcel. El Reino Unido, a través de la Public Order Act de 2023, ha tipificado como delito interferir con infraestructuras críticas, sin menoscabar el derecho de manifestación legítima. En todos estos casos, resalta la firmeza institucional y una clara distinción entre la protesta genuina y el sabotaje.
Colombia tiene la oportunidad de aprender de estas experiencias. Ceder ante el chantaje de la calle no garantiza estabilidad, sino que, por el contrario, fomenta más caos. Cada bloqueo tolerado refuerza la idea de que el poder se conquista a través de la confrontación en la calle, en lugar de en las urnas.
Proteger los derechos fundamentales de movilidad, trabajo y comercio es esencial para cualquier sociedad libre y próspera. No se trata de autoritarismo, sino de garantizar las condiciones necesarias para que la mayoría de los ciudadanos, que solo desean vivir y producir en paz, puedan hacerlo. Para reorientar el rumbo hacia el progreso, el Estado deberá actuar con determinación, respetando la legalidad y penalizando de manera contundente a quienes opten por la destrucción y el chantaje en lugar del diálogo.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
