Entre el 25 y el 30% del petróleo mundial, el 20% del gas natural licuado y un tercio de los fertilizantes consumidos a nivel global transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz. Funcionando como un punto neurálgico del comercio energético, este estrecho ha estado cerrado desde hace semanas, una situación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado de “la mayor disrupción al mercado petrolero global en la historia”. La Agencia Internacional de Energía respalda esta afirmación, y México, como país dependiente de importaciones energéticas, se enfrenta a graves consecuencias.
A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de muchos líderes empresariales, políticos y analistas en México ha sido sorprendentemente apática. Actúan como si los conflictos en el Medio Oriente carecieran de impacto en la economía nacional, una percepción que parece desconectada de la realidad México.
El FMI ha identificado tres vías principales a través de las cuales esta crisis afecta a las economías: la energética, la de las cadenas de suministro y la financiera. En cada uno de estos aspectos, México se encuentra en una posición vulnerable. Aunque es exportador de crudo, es un importador neto de productos como gasolinas, diésel, gas natural y fertilizantes. Cada dólar que entra por exportaciones de petróleo se ve contrarrestado por casi dos dólares que salen debido a importaciones de petroquímicos.
La vía fiscal representa un riesgo considerable. Para evitar que el incremento del precio del petróleo Brent se refleje en los costos de las gasolinas, el gobierno ha decidido ampliar el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Sin embargo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierte que mantener este subsidio podría llevar el déficit fiscal a alcanzar el 5% del PIB, empujando la deuda pública al 60%. Estas cifras son alarmantes y podrían comprometer el grado de inversión de México.
El impacto en el sector alimentario ya se está sintiendo. México depende en gran medida de la importación de fertilizantes; aproximadamente el 70% de lo que se utiliza es extranjero. La interrupción del tráfico por Ormuz coincide con la temporada de siembra primavera-verano. Sin acceso adecuado a fertilizantes, los productores enfrentan rendimientos reducidos y precios más altos, lo que a su vez afecta la inflación alimentaria, un tema sensible en la política nacional.
La ruta financiera ya muestra signos de estrés. El peso ha superado la barrera de 18 pesos por dólar, cotizando en alrededor de 18.13. Esta inestabilidad se refleja también en el incremento de rendimientos de bonos y un regreso a la volatilidad en los mercados. En este contexto, el Banco de México (Banxico) recortó su tasa de interés a 6.75% en marzo, con un debate interno dividido. Los disidentes temen que este movimiento exponga al país a un choque externo que compliqué aún más la lucha contra la inflación.
A esta situación se añade la incertidumbre respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La revisión del tratado está programada para concluir el 1 de julio y las señales provenientes del gobierno de Donald Trump no son alentadoras. Esta mezcla de eventos económicos adversos y un socio comercial distraído por su propia agenda política sitúa a México en una encrucijada peligrosa.
El FMI presentará su evaluación completa del contexto económico global en su informe del World Economic Outlook, el 14 de abril. Hasta entonces, las proyecciones anticipan un futuro con “precios más altos y crecimiento más bajo”. La seriedad de la situación no puede subestimarse; la guerra en el Medio Oriente ya no es una tragedia lejana, sino un problema palpable que afecta el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. Es un momento crítico que exige atención y acción inmediata.
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