Propagar ideas antisemitas puede ser motivo para excluir a entidades y personas del cobro de subvenciones públicas o de su participación en contratos con la Administración. La propuesta partió de la Asamblea de Madrid, y el Congreso accedió este martes a tramitarla, pese a algunas reticencias mostradas por los grupos de izquierda. El PSOE decidió no bloquearla, mientras Unidas Podemos la rechazó al considerar que se trata solo de una estratagema para penalizar a las ONG y entidades sociales que apoyan la causa palestina.
Las leyes en vigor ya contemplan que se prohíba recibir subvenciones o participar en concursos públicos a grupos que justifiquen el “odio o la violencia contra personas físicas o jurídicas”. La propuesta promovida por la derecha en la Asamblea de Madrid plantea incluir expresamente el antisemitismo entre esas causas. El texto presenta una definición muy amplia de antisemitismo. No solo la negación del genocidio o la promoción del odio contra ese pueblo. También “denegar a los judíos su derecho de autodeterminación” o “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”.
La iniciativa fue defendida ante el Congreso por dos diputados madrileños, Almudena Negro, del PP, y Pablo Gutiérrez de Cabiedes, de Vox, quien, además de recordar las persecuciones a los judíos, se dedicaron a acusar a la izquierda de defender posiciones antisemitas. Más matizada fue la intervención del grupo popular en el Congreso. Su diputada Pilar Marcos se dirigió al PSOE para pedirle que admitiese discutir la propuesta y apeló a las iniciativas que los socialistas han impulsado a lo largo de los años a fin de reconocer a la colectividad judía. Marcos centró sus críticas en “cierta izquierda” que, según ella, “esconde el antisemitismo bajo el manto del antisionismo”.
La única oposición frontal a la iniciativa partió de Unidas Podemos. “Nadie en su sano juicio puede sino condenar el antisemitismo”, apuntó su diputado Antón Gómez-Reino, quien, sin embargo, defendió que ese no es el propósito último de la iniciativa. Gómez-Reino insinuó que el texto ha sido inspirado por la Embajada de Israel y que su objetivo real es “cortar la financiación de ONG y asociaciones que denuncian la vulneración de los derechos humanos en tierra palestina”. El diputado de UP afeó a la derecha que plantease esa propuesta mientras mantiene en Madrid una calle dedicada a la División Azul, los combatientes enviados por el franquismo en apoyo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
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