El Tribunal Constitucional afronta una nueva fractura con motivo del recurso contra el segundo estado de alarma contra la pandemia, que abarcó desde el 25 de octubre al 9 de junio pasados. El ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narváez, tiene ultimado su proyecto de sentencia desde antes del paréntesis de agosto, pero en términos que siguen sin concitar consenso. El motivo es que cuestiona tanto el grado de control parlamentario que existió mientras estuvo en vigor el segundo decreto sobre el estado de alarma, como la delegación de competencias hacia las comunidades autónomas, realizada en aras de un modelo de gestión de la crisis sanitaria basado en la llamada cogobernanza.
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El debate sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox contra este decreto no figura en el orden del día del próximo pleno, que tendrá lugar la semana que viene. En un comunicado hecho público este jueves, el Constitucional explica que “el asunto no se encuentra señalado” para entonces “debido a la necesidad de resolver previamente los recursos que quedaron pendientes en el pleno que tuvo lugar el pasado mes de julio”. En aquella ocasión hubo un plante por parte de seis magistrados que se sintieron agraviados por los términos que otro miembro del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, criticó sus puntos de vista y el resultado de la sentencia sobre el primer estado de alarma, el que duró de marzo a junio de 2020.
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Obtenida la disculpa, el Constitucional levantó su último pleno sin acuerdos y cerró el curso anticipadamente, con la creencia de que a la vuelta del verano las aguas podrían volver a su cauce. Pero se constata que difícilmente ocurrirá así. El comunicado difundido este jueves por el tribunal respondía a una información de Abc sobre la ponencia de Narváez y su tesis de que los citados puntos cuestionados serán declarados inconstitucionales. Ante ello, el Constitucional declaró: “Se pone en conocimiento de la opinión pública que el asunto de referencia está siendo objeto de estudio por los magistrados, sin que esté deliberado”. Y añadió que “de esta manera resulta prematura cualquier afirmación sobre el resultado de este recurso de inconstitucionalidad”.
Fuentes del tribunal aseguran que Narváez dio cuenta al reanudarse las actividades de que tiene preparado el borrador de sentencia. No obstante, ante su no inclusión en el orden del día, no lo repartió entre el resto de miembros del Constitucional. Ningún magistrado, en suma, ha podido leer todavía el texto preparado por el ponente, aunque desde hace meses, mientras se deliberaba la primera sentencia, se dio por hecho en el tribunal que la segunda también sería objeto de alguna tacha de inconstitucionalidad.
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En todo caso, entre los magistrados que no apoyaron la primera sentencia —que declaró inconstitucional el confinamiento bajo el paraguas del estado de alarma— causó el jueves un especial malestar que antes de cualquier deliberación formal pueda parecer que el recurso está decidido. De hecho, en el tribunal se espera un fuerte debate sobre dos puntos en concreto de la ponencia de Narváez. El que se refiere a la delegación de competencias a las comunidades autónomas y el relativo a la prórroga por un plazo de seis meses del estado de alarma en lugar de los 15 días que marca la Constitución. Esto se conecta, además, con el grado de control parlamentario durante dicho período.
En medios del tribunal se pronostica un debate reñido a la vista de los datos sobre las continuas reclamaciones de participación de las comunidades autónomas en la gestión de la emergencia sanitaria durante el primer estado de alarma, en reclamación de cogobernanza y ante los datos sobre comparecencias del Gobierno en las Cortes durante el segundo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció el 26 de noviembre y 10 de diciembre, y su sucesora, Carolina Darias, otras cinco veces en los meses sucesivos, mientras que el presidente del Gobierno lo hizo en otras tres. El Ejecutivo contestó a más de 2.500 preguntas orales y escritas sobre la pandemia. Por otro lado, el segundo estado de alarma contó con un dictamen del Consejo de Estado que si bien formulaba sugerencias para cambios formales que aportaran claridad a algunos preceptos, no efectuó tachas de inconstitucionalidad, sino que supuso un aval a la legalidad del decreto.
