El Constitucional va a mantener esta semana el último pleno con su actual composición, con un denso orden del día en el que ocupa un lugar preferente una nueva sentencia sobre el estado de alarma. Esta vez es sobre el segundo decreto que utilizó este resorte legal para tomar las medidas necesarias frente a la pandemia, entre el 3 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021. El tribunal se inclina por aprobar la ponencia elaborada por el magistrado Antonio Narváez, del sector conservador, en cuyo caso será el tercer fallo consecutivo contra la estrategia jurídica del Gobierno frente a la emergencia sanitaria.
Los equilibrios en el Constitucional no van a cambiar tras el pacto entre el Gobierno y el PP para la renovación, pero el sector conservador ha puesto especial interés en que haya un último pleno con la actual composición. La mayor parte de las decisiones que se adopten caerán del lado de este bloque, y todas son relevantes. Una de las ponencias preparadas propone suprimir el impuesto de plusvalía, del que se benefician los ayuntamientos.
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El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, había planteado suspender este pleno, ante la inminencia de los relevos. Pero eso iba a significar retrasos, para que los nuevos magistrados estudiaran los asuntos pendientes, con la consecuencia de reabrir debates que ya están maduros, sin que las decisiones de fondo tengan por qué cambiar, al mantenerse la preponderancia del sector conservador.
En el pleno de esta semana se va a resolver el recurso de Carme Forcadell por su condena por sedición en la causa del procés. El proyecto de sentencia analiza la alegación de la inviolabilidad parlamentaria, entendiendo que dicha prerrogativa no amparó la actuación de la expresidenta del Parlamento catalán al permitir la tramitación de las leyes de desconexión. El fallo del Constitucional —aunque ya se haya acordado el indulto en relación con la pena de 11 años y 6 meses de prisión impuesta a Forcadell— es el paso que le permitirá recurrir ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En cuanto al segundo estado de alarma, el proyecto de sentencia está elaborado desde antes del verano. El asunto llega al pleno después de que el tribunal considerara inconstitucional tanto el decreto sobre el primer estado de alarma como la decisión de la Mesa del Congreso de reducir la actividad parlamentaria al inicio de la pandemia. La primera sentencia se aprobó por 6 votos a 5. En la segunda faltó un miembro del tribunal —Alfredo Montoya, que se repone de un ictus—, y el resultado fue de 6 votos a 4, después de que el ponente —el magistrado Antonio Narváez, del sector conservador— cambiara de opinión en el último momento de la deliberación y propusiera anular los acuerdos de la Mesa.
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En el caso de la sentencia sobre el primer decreto del estado de alarma, la tesis aprobada fue que el Gobierno acordó el confinamiento bajo un paraguas legal equivocado, porque hubiera sido imprescindible pedir a las Cortes que declararan el estado de excepción. Sólo así —sostuvo el Constitucional al aprobar la propuesta del ponente, el magistrado Pedro González Trevijano, también del sector conservador, que le apoyará para accede ahora a la presidencia— puede aplicarse una medida que no supone una mera limitación, sino una suspensión de derechos fundamentales.
En el caso que se va a decidir esta semana, sobre el segundo estado de alarma, el ponente vuelve a proponer que se declare la inconstitucionalidad de las medidas más importantes que adoptó el Gobierno frente a la persistencia de la pandemia. El proyecto de sentencia cuestiona la delegación de competencias a las comunidades autónomas, considerando que éstas no tienen atribuciones para acordar determinadas restricciones de derechos. También se cuestiona la rebaja del control parlamentario durante el semestre para el que se previó este segundo estado de alarma. Habrá un primer debate sobre la ley Celáa, pero no se votará. La ponencia preparada estima inconstitucional negar las subvenciones a los colegios que segregan por sexos.
