El Consejo Constitucional de Francia ha validado este jueves el certificado covid para entrar en lugares concurridos y la vacunación obligatoria para personal sanitario, dos de las medidas clave de la estrategia contra la pandemia del presidente, Emmanuel Macron, que han provocado en las últimas semanas protestas sociales cada vez mayores.
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De este modo, a partir del 9 de agosto, tal como preveía el Gobierno galo, se exigirá el certificado sanitario —prueba covid negativa reciente, certificado de vacunación completa o certificado de recuperación— para entrar en un bar o restaurante, incluso en una terraza, para desplazarse en un tren de largo recorrido o en un vuelo nacional, así como para pacientes no urgentes y visitantes en los establecimientos de salud y las residencias de ancianos.
La medida, que se aplica ya desde el 21 de julio en lugares de “ocio y cultura” que reúnan a más de 50 personas, como teatros o cines —que han registrado una caída de visitas—, fue extendida por medio de una ley aprobada el domingo 25 tras seis días de acalorado debate parlamentario en las dos cámaras. Desde que Macron dio a conocer sus intenciones, en un discurso el 12 de julio, se han celebrado protestas los sábados en toda Francia que cada vez congregan a más personas. A la última convocatoria acudieron más de 200.000 personas, según cifras oficiales. Para este sábado han sido convocadas nuevas manifestaciones a lo largo y ancho de Francia. No obstante, el Gobierno insiste en que la cifra de nuevos vacunados —más de cuatro millones de citas nuevas desde el discurso de Macron— es muy superior a los que salen a la calle.
El Consejo Constitucional ha validado la medida al considerar que constituye una “conciliación equilibrada” entre la necesidad de protección de la población y las libertades individuales. El certificado sanitario no se exigirá a los menores de 12 a 17 años —los últimos en el turno de vacunación, y por tanto, muchos de ellos aún sin la pauta completa— hasta el 30 de septiembre.
El primer ministro, Jean Castex, ha celebrado la decisión de los “sabios”, como se conoce en Francia a los miembros del Constitucional. “La validación permitirá el pleno despliegue de la estrategia de lucha contra la covid-19 presentada por el presidente el 12 de julio”, ha dicho en un comunicado.
Otra de las medidas que más indignaron a los manifestantes fue la obligación de vacunarse que instituyó Macron para todo el personal sanitario, así como para otros profesionales en contacto con público vulnerable, como bomberos y servicios de emergencias, o trabajadores en residencias de ancianos. Según la ley, estos empleados tienen hasta el 15 de septiembre para comenzar la pauta de vacunación y hasta el 15 de octubre para completarla, so pena de ser suspendidos de empleo y sueldo si para entonces no lo han hecho y hasta que vayan a inmunizarse. La medida fue llevada al Consejo Constitucional, que la ha validado. Sin embargo, ha censurado una de las cláusulas que más polémica y confusión habían provocado tras su aprobación: la referida al caso de los trabajadores con contratos temporales. Según la decisión de la máxima autoridad constitucional, no se podrá despedir a ningún trabajador interino o con contrato temporal “antes del fin” de su contrato, como sí permitía la ley original.
El Constitucional también ha anulado el aislamiento obligatorio previsto en la ley para las personas que hayan dado positivo en coronavirus, un extremo que los jueces consideran “contrario” a la Constitución. Castex ha asegurado que el Gobierno “toma nota” de la decisión, aunque ha recordado que es una medida que ya se emplea en “numerosos” países europeos y que también se aplica en Francia para los viajeros procedentes de países en alto riesgo. “Los poderes públicos se limitarán a recordar a todas las personas contagiadas de covid-19, incluidas de forma asintomática, la necesidad de respetar escrupulosamente las recomendaciones médicas en materia de aislamiento”.
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