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El parón parlamentario que decidió la Mesa del Congreso de los Diputados el 19 de marzo de 2020, cinco días después de que el Gobierno decretase el estado de alarma que confinó a toda España por la pandemia, vulneró el derecho al control del Gobierno por parte del poder legislativo. Con ese argumento, el Tribunal Constitucional prevé anular en las próximas semanas los acuerdos del Congreso por los que se limitó la actividad parlamentaria durante la primera fase de la pandemia, según fuentes del tribunal.
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Los magistrados deliberaron este jueves el recurso de amparo presentado por Vox hace 18 meses contra la suspensión de la actividad parlamentaria, y la mayoría conservadora impuso al ponente de la sentencia un cambio del texto para avalar parte de los argumentos del partido ultra y considerar inconstitucional la decisión de la Mesa del Congreso. La suspensión de los plazos para las iniciativas parlamentarias en tramitación estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2020.
El ponente de la sentencia, el magistrado Antonio Narváez, tenía preparado un texto en el que proponía rechazar la impugnación de Vox. Pero el debate puso de manifiesto que existe en el Constitucional una mayoría favorable a anular las resoluciones de la Cámara que redujeron las posibilidades de control parlamentario.
En un momento determinado del debate, las posiciones estuvieron cinco a cinco. Los asistentes eran 10 por la ausencia del magistrado Alfredo Montoya, del sector conservador, por una dolencia leve. Se decidió no votar a la vista de que el propio ponente, según las fuentes consultadas, planteó su deseo de rehacer el fallo para estimar el recurso, una vez oídas las razones expuestas en la discusión, que se ha prolongado dos días.
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En el próximo pleno, por tanto, el ponente llevará un nuevo proyecto de sentencia en el que propondrá la anulación de las medidas que adoptó la Mesa del Congreso para suspender los plazos de las iniciativas parlamentarias en tramitación ante la extensión de la pandemia. Estas medidas fueron compartidas también por el Senado.
Los razonamientos que contenga el nuevo fallo permitirán prever con fundamento los criterios que podrán prosperar en el Constitucional cuando se examine el recurso, también de Vox, contra el segundo estado de alarma. En él, el partido volvió a cuestionar la falta de control parlamentario que, a su juicio, se produjo en esta etapa de la crisis sanitaria, entre octubre de 2020 y mayo pasado, pese a que hubo dos comparecencias del presidente del Gobierno ante el pleno y otras cinco de los ministros de Sanidad que gestionaron la pandemia (Salvador Illa y Carolina Darias).
En el debate sobre la reducción de la actividad parlamentaria se puso de manifiesto que Narváez no contaba con los votos necesarios para su primera tesis, porque solo cuatro magistrados le apoyaron. Él era el quinto, pero finalmente —y ante la previsión de que el magistrado ausente respaldara también la tesis del otro bloque— asumió el criterio contrario: esto es, que cabe estimar que se vulneraron los derechos de los diputados por el acuerdo de la Mesa. Fuentes del tribunal creen que, a tenor de las posiciones expuestas en el pleno, el resultado de la votación a favor de la anulación de dichos acuerdos de la Cámara puede no quedarse en el seis a cinco con el que se resolvió la sentencia sobre el primer estado de alarma, sino otorgar en este caso mayor apoyo a la tesis de que las medidas para ralentizar la labor parlamentaria vulneraron los derechos de los diputados.
Segundo varapalo
Si el próximo pleno del tribunal confirma las posiciones expresadas en la primera deliberación de esta sentencia, supondrá el segundo varapalo importante a la estrategia jurídica seguida por el Gobierno y los partidos que lo apoyan para hacer frente a la emergencia sanitaria.
El primero fue la anulación del confinamiento domiciliario acordado en virtud del estado de alarma decretado por el Ejecutivo en marzo del año pasado. Este segundo lo sería por haberse impedido a los diputados y senadores el pleno ejercicio de sus funciones.
En el pleno que el Constitucional mantendrá el próximo octubre está previsto asimismo que se discuta el proyecto de sentencia que el mismo ponente, Antonio Narváez, tiene preparado desde antes del paréntesis de agosto sobre el decreto del segundo estado de alarma. En este borrador, Narváez propone la anulación de preceptos concretos de dicho decreto relacionados con la merma de control parlamentario durante el semestre de vigencia de la alarma, y con la delegación de competencias a las comunidades autónomas.
El conjunto de estas resoluciones supondría una considerable enmienda global a la labor del Ejecutivo y el Parlamento —es decir, a las fuerzas mayoritarias en las Cortes— frente a la pandemia. Esta respuesta legal se ha visto favorecida por la permanencia de una mayoría conservadora en el tribunal de garantías, aunque hay cuatro magistrados cuyo mandato caducó en noviembre del año pasado.
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El recurso de Vox contra la reducción de la tarea parlamentaria durante el inicio de la pandemia alegaba que “al quedar (…) suspendido el sistema de control entre los poderes del Estado y, en particular, el control parlamentario de la actividad gubernamental, la Constitución aparecería reducida a una pura entelequia”.
En concreto, la impugnación se dirigió contra el acuerdo de 19 de marzo de 2020, por el que se suspendió “el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión”. A juicio de Vox, estas disposiciones generaban un efecto en cascada sobre la actividad parlamentaria que prácticamente vaciaba de competencias a las Cortes. La preocupación por la extensión de la pandemia era muy elevada en el Parlamento. La sesión de control del día 11 de marzo se desconvocó, pero el 25 del mismo mes el presidente del Gobierno compareció para pedir la prórroga del estado de alarma.
