Cada día, José Ángel, dueño de una pequeña empresa manufacturera en el Bajío, enfrenta la frustrante realidad de los crecientes costos de transporte de sus mercancías. Las carreteras saturadas, los problemas energéticos y una infraestructura logística que no evoluciona al ritmo de la demanda complican sus operaciones. “Podríamos producir más, pero no podemos movernos más rápido”, lamenta. Su experiencia refleja uno de los mayores retos económicos de México: la falta de inversión adecuada en infraestructura.
La inversión es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico, un aspecto consensuado por economistas a lo largo de los años. Sin embargo, no todos los tipos de inversión generan el mismo impacto. Existen inversiones financieras, destinadas a la adquisición de activos; inversiones productivas privadas, que buscan ampliar la capacidad de las empresas; y, crucialmente, inversiones en infraestructura, que incluyen el desarrollo de carreteras, puertos, redes eléctricas, y sistemas de agua y telecomunicaciones. Esta última, a menudo, es la más decisiva para potenciar la productividad, ya que reduce costos, conecta mercados y facilita la actividad empresarial.
En términos cuantitativos, México ha visto avances en la inversión total; sin embargo, un grave desequilibrio se presenta en la composición de esta inversión. Según cifras del tercer trimestre de 2024, la inversión total representó el 24.3% del PIB, siendo el 90% de esta proveniente del sector privado y apenas el 10% del público. La inversión pública alcanzó solo el 2.7% del PIB y experimentó una caída anual del 8.6%. Aunque el gasto federal en infraestructura llegó a 1.03 billones de pesos en 2024, gracias a proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, el enfoque excesivo en estos megaproyectos ha relegado otras áreas cruciales como el transporte regional y la conectividad tecnológica.
La comparación internacional destaca aún más la situación. Países de ingreso medio, como Vietnam, Malasia y Costa Rica, han atraído flujos significativos de inversión productiva mediante marcos regulatorios estables y infraestructura moderna. México, aunque conserva ventajas competitivas como su ubicación geográfica y el acceso preferencial al mercado estadounidense a través del T-MEC, captó aproximadamente 37 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024. Sin embargo, gran parte de estos recursos correspondieron a la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, mientras que las nuevas inversiones han mostrado una desaceleración.
Diversos factores están limitando la llegada de nuevo capital: la incertidumbre regulatoria, los cambios abruptos en sectores estratégicos como el energético, la inseguridad en varias regiones y la lentitud en ciertos procesos administrativos. El Banco Mundial ha enfatizado que fortalecer la certeza regulatoria, mejorar los servicios públicos y aumentar el capital invertido en infraestructura son condiciones imprescindibles para liberar el potencial económico del país.
La experiencia de José Ángel ilustra que la infraestructura no es un tema solo para economistas o funcionarios gubernamentales; es una cuestión que impacta directamente en la economía de quienes buscan aprovechar oportunidades. México cuenta con una ubicación privilegiada, capacidad industrial y acceso a importantes mercados, pero transformar estas ventajas en prosperidad requiere inversiones sostenidas y un marco regulatorio confiable. La pregunta se cierne sobre nosotros: ¿estamos haciendo lo suficiente para construir un entorno que permita a las futuras generaciones atraer las inversiones que, en la actualidad, parecen buscar otros destinos?
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