El delegado del Gobierno en Murcia y candidato del PSOE a presidir la comunidad autónoma en las próximas elecciones de mayo de 2023, José Vélez, ha sido citado a declarar como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales, relacionados con la organización de festejos taurinos cuando era alcalde de Calasparra, entre 2017 y 2019.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Caravaca de la Cruz lo ha citado a declarar el próximo 17 de febrero, junto con el actual gerente del PSOE de la Región de Murcia, Jordi Arce, y Antonio José Merino; ambos eran concejales del Ayuntamiento de Calasparra (10.133 habitantes) durante los mandatos de Vélez.
Los tres han sido denunciados por otros dos concejales del municipio, Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, del partido local Calasparra Viva. Los señalan por supuestas irregularidades en la gestión y organización de la Feria Taurina del Arroz, un evento privado que se celebra en septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales, en las ediciones de los años 2017, 2018 y 2019.
La plaza de toros del municipio es de propiedad privada y la feria la organizaba en esos años la empresa Chipé, cuyo administrador único también declarará como investigado en este proceso. En 2017 y 2018, el Ayuntamiento firmó sendos convenios con esa compañía para poder utilizar sus novillos en los tradicionales encierros que protagonizan las fiestas patronales y pagó por ello 30.000 y 37.000 euros, respectivamente, según los querellantes, pero estos consideran que los contratos no se hicieron de acuerdo con la ley ni incluyeron estudios que justificasen esos pagos y la subida en el precio entre uno y otro año.
En 2019 el empresario taurino propietario de la plaza de toros rompió relaciones con la empresa Chipé y, según los denunciantes, Vélez autorizó el alquiler del coso durante dos meses con cargo a las arcas públicas por 35.000 euros. Después, cedió su gestión a la compañía Chipé, según la denuncia, sin recibir contraprestación económica alguna y sin que consten expedientes y publicaciones oficiales al respecto. Ese mismo año, el Ayuntamiento volvió a utilizar los novillos de la misma mercantil para los encierros, y pagó por ello 18.000 euros, cantidad muy inferior a la de los dos ejercicios anteriores, según los querellantes, debido al uso gratuito que ya la compañía estaba haciendo del coso.
Aunque la Feria Taurina del Arroz es un evento de gestión privada, según los denunciantes solo en 2017 se pagaron de las arcas públicas unos 47.000 euros en facturas derivadas del evento. Esas partidas se dirigieron a sufragar la contratación de la banda de música que tocó durante las corridas de toros, a la limpieza del coso, al transporte y seguro de los toros o a la vigilancia de los corrales.
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En el proceso comparecerán también como investigados los funcionarios municipales que ejercían como secretarios del Ayuntamiento en esos años, y un empresario taurino.
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