El delito se apodera de ruinas

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ponen de manifiesto una alarmante realidad en México: hasta el primer semestre de 2026, se registraron 15 mil 311 víctimas de despojo. Este fenómeno, que afecta a un sector significativo de la población, se acompaña de una impunidad preocupante que, según organismos como México Evalúa, alcanza un escalofriante 96.36%.

Las entidades más afectadas por este delito incluyen el Estado de México, Guanajuato, Puebla, y Jalisco, entre otras. En estos lugares, las denuncias, quejas y protestas evidencian la corrupción y complicidad de funcionarios públicos de distintos niveles. Sin embargo, la situación se torna aún más grave en estados como Chihuahua, Chiapas y Michoacán, donde familias enteras han sido desplazadas de sus tierras por grupos del crimen organizado que han usurpado sus propiedades.

El modus operandi de estas organizaciones es complejo y sofisticado. Organizaciones civiles y víctimas han identificado un patrón de actuación que involucra prácticas ilegales como la alteración de documentos notariales, la usurpación de identidades y la falsificación de escrituras. Estos métodos, corrosivos para la justicia, permiten a los delincuentes no solo despojar a los legítimos propietarios, sino también manipular el sistema judicial para encarcelarlos y, en algunos casos, coaccionarlos.

Jorge Paredes, CEO de Realty Experts, señala que actualmente existen aproximadamente 45 mil carpetas de investigación abiertas por delitos de despojo inmobiliario; sorprendentemente, un 30% de estos casos se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta problemática se enmarca en un contexto de alta densidad poblacional y escasez de vivienda, factores que exacerban la vulnerabilidad de ciertos grupos, especialmente los adultos mayores de 60 años. Este sector, a menudo objeto de engaños, se convierte en blanco fácil para los delincuentes mediante la falsificación de documentos o apoderamientos ilegales.

La forma en que se perpetran estos despojos varía según la región. En la Ciudad de México y el Estado de México predominan las invasiones violentas por parte de grupos organizados, mientras que en Nuevo León y en áreas con alto valor económico, los métodos son más sofisticados, incluyendo la suplantación de identidad y la falsificación de escrituras.

La magnitud de esta crisis exige atención inmediata y un compromiso decidido por parte de las autoridades y la sociedad civil. La protección de la propiedad y los derechos de los ciudadanos es esencial para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más seguro para todos. La lucha contra la impunidad en el despojo inmobiliario no solo es una cuestión de justicia, sino una necesidad imperiosa para salvaguardar el patrimonio y la dignidad de miles de familias en el país.

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