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El desastre medioambiental que afecta al mar Menor no solo no se ha solucionado a pesar de las innumerables llamadas de alerta. Sino que vuelve a manifestarse estos días de forma dramática en las playas murcianas. Dos años después de la aparición y retirada de tres toneladas de peces muertos por efecto de la anoxia (falta de oxígeno en el agua). Millares de ejemplares de alevines muertos de diversas especies dieron la alarma el pasado lunes al aparecer en las orillas, arrastrados por las aguas. Ese día se contabilizaron 250 kilos, pero el fenómeno ha continuado a lo largo de la semana con ejemplares más adultos hasta sumar 4,5 toneladas, según los datos comunicados ayer. En una nueva exhibición de la deteriorada situación de esa enorme y singular laguna salada que es el mar Menor.
El exceso de nutrientes procedentes de los abonos de la zona, que entran en la corriente con el agua dulce de los riegos. Y los vertidos originados por los excesos urbanísticos han vuelto a generar este nuevo capítulo de la catástrofe ecológica. Cartagena y otras localidades tuvieron que cerrar las playas afectadas, donde los equipos intentan retirar los cadáveres. La muerte de los peces es solo el lado más visible de un desastre continuado que no ha encontrado solución y que se convierte en cada ocasión en marco de los cruces de acusaciones entre el Gobierno regional, que reclama más competencias, y el central.
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El Congreso de Diputados admitió a trámite en 2020 una interesante iniciativa legislativa popular de ciudadanos que —ante la falta de soluciones— intentan conseguir 500.000 firmas para dotar al mar Menor de personalidad jurídica para que sus representantes legales puedan defender sus derechos en los tribunales, una iniciativa pionera que se inspira en precedentes del río Atrato en Colombia o del río Whanganui en Nueva Zelanda.
Las aguas que hace no tantos años aún eran claras y dejaban ver múltiples especies, incluidos caballitos de mar, está hoy turbia, llena de algas y sin claridad. La presión agrícola, turística y urbanística ha transformado el entorno que originalmente era seco en una zona de regadío, a la que se suman la actividad de desaladoras. La Confederación Hidrográfica del Segura ha detectado cientos de irregularidades graves desde 2009, la mayoría relacionadas con vertidos agrícolas. La depuración de aguas residuales y la minería también aumentan el desequilibrio. El desastre, en suma, pone en evidencia una vez más la incompatibilidad entre los excesos de la explotación agraria, urbanística y turística y la conservación de un medio natural tan frágil como este. Los compromisos medioambientales crecientes que adopta España, al menos en el papel, deben materializarse con urgencia en hechos concretos. Las diversas administraciones deben aunar objetivos y actuar sin dilación.
